Tras una jornada donde contrarreloj se aceleraron las conversaciones en la oficina de Martín Menem, el Gobierno, a través de funcionarios de primera línea, accedió a modificar un centenar de artículos de la ley ómnibus y considera tener entre manos un acuerdo con la oposición dialoguista: PRO, federales de Miguel Ángel Pichetto y parte de la UCR, que anoche pedía más cambios.
Los distintos bloques esperaban que este jueves llegara el borrador definitivo para ver plasmadas las modificaciones solicitadas al texto. El dictamen llegaría no obstante la semana que viene, y el martes es el día apuntado por la administración libertaria, en la previa del paro que la CGT llevará a cabo el 24 de enero.
Fueron seis jornadas de debate para 664 artículos: funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil sentaron su postura al respecto de la ley ómnibus, que aún no pasó la instancia del plenario de comisiones de Diputados. No se conoce ningún dictamen: ni del oficialismo, ni de la oposición más férrea ni tampoco de los partidos dialoguistas. Es por eso que Guillermo Francos y Martín Menem, dos de los principales articuladores legislativos de La Libertad Avanza, tuvieron una intensa jornada de reuniones para concretar el texto final. Uno de los puntos centrales está dada por la eliminación de la movilidad jubilatoria, donde se buscaría una solución intermedia para que los jubilados no pierdan contra la inflación. También se revisarán caso a caso las retenciones a las economías regionales, con compensaciones posibles.
Tras no poder presentar el borrador que le prometieron para ayer jueves a los diputados opositores de la mesa de negociación, todos los actores del Gobierno despejaron sus agendas para encontrarse con referentes de sectores que rechazaban a las reformas, así como también a los líderes de las bancadas dialoguistas. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, pasando por el asesor de comunicación Santiago Caputo: todos estuvieron dedicados a intervenir en el proyecto que se busca aprobar la semana que viene.
Entre los diputados convocados para las reuniones estuvieron Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, del PRO, mientras que también se conoció el rol activo del cordobés Oscar Agost Carreño y la porteña Paula Oliveto (ambos de Hacemos Coalición Federal) en la redacción de las reformas, que ascenderían a un centenar de artículos. “Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, analizó Ritondo, jefe del bloque del PRO.
Desde el radicalismo aseguraron que esperaban el nuevo borrador luego de que Rodrigo de Loredo le pidiera a Martín Menem las devoluciones a sus demandas: a las sugerencias formales y a las ya reiteradas, subrayaron la necesidad de no tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que otros dialoguistas estaban dispuestos a que se destine a deudas provinciales. Mientras tanto, los legisladores misioneros de Innovación Federal desistieron de la posibilidad de acompañar al paquete de reformas en su conjunto, aunque están dispuestos a discutir ley por ley. “Recibieron muchos de los puntos, lo fiscal sobre todo, pero falta el detalle, el nuevo articulado para poder ver los cambios”, expresaba a este medio un diputado radical inmiscuido en las negociaciones.
Sin el radicalismo, el oficialismo debe sacar calculadora: con el apoyo del PRO y Hacemos Coalición Federal llega a 98 bancas y si suma a posibles aliados alcanza los 107 votos, cuando se precisan 129 para aprobar el proyecto. No obstante, en La Libertad Avanza confían que en al menos parte de la UCR apoyará el texto definitivo.
La Libertad Avanza juega al límite con los plazos disponibles para obtener dictamen. Los diputados no fueron convocados a un nuevo plenario para hoy, por lo que la posibilidad de que avance una redacción de la ley no llegaría hasta la semana que viene.
