Este miércoles por la tarde, el movimiento estudiantil de Rosario, junto a docentes, no docentes, autoridades académicas y universitarias, se movilizará en rechazo al anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento de la educación superior. La protesta, enmarcada en la Marcha Federal Universitaria, comenzará a las 17 horas en la plaza Montenegro y culminará en el Monumento a la Bandera. Diversas agrupaciones universitarias ya confirmaron su participación. Sin embargo, desde el espacio libertario Alternativa, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se distanciaron del evento, calificándolo de una “maniobra política”.
Franco Matas, estudiante avanzado de relaciones internacionales en la UNR y militante de Alternativa, cuestionó el manejo de los recursos universitarios, afirmando que “los fondos no se utilizan para los fines que deberían”. Según Matas, la falta de auditorías adecuadas permite que los rectores y decanos dispongan del dinero de manera discrecional. “La Auditoría General de la Nación solo cumple un rol decorativo, el último informe relevante es de 2022, pero no tiene un impacto real”, sostuvo. Asimismo, criticó la ley de financiamiento recientemente aprobada por el Congreso, argumentando que “solo genera más fondos para promover ideología política dentro de las universidades”.
Matas también denunció en diálogo con La Ocho que “cada vez hay más cargos innecesarios”, refiriéndose a las contrataciones de personal presuntamente improductivo, y afirmó que su agrupación no se sumará a la marcha, ya que “sería cómplice de un entramado político”. Aunque se identifica con un espacio libertario, Matas se define como “peronista de Perón y de la Comunidad Organizada”.
En paralelo, la Marcha Federal Universitaria fue convocada para este miércoles 2 de octubre en todo el país, como una manifestación masiva en defensa de la ley de financiamiento universitario. La convocatoria cuenta con el respaldo del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), además de organizaciones como la CGT, las CTA, la Utep y otros movimientos sociales.
La ley de financiamiento universitario, aprobada por el Senado a mediados de septiembre, establece una actualización bimestral del presupuesto universitario en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Además, prevé un ajuste salarial mensual para docentes y no docentes, en línea con la inflación. No obstante, el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de vetar la ley por completo, argumentando que su implementación podría afectar el equilibrio fiscal del país, como sucedió con la reforma de la movilidad jubilatoria. Según la Oficina de Presupuesto, el impacto de la ley en las finanzas públicas sería de apenas un 0,14% del PBI.
El gobierno tiene plazo hasta este jueves para oficializar el veto. Si no lo hace, la ley quedará automáticamente promulgada. Los organizadores de la marcha esperan que esta manifestación sea tan contundente como la movilización nacional del pasado 23 de abril, cuando miles de personas salieron a las calles en defensa de la educación pública. “La solución a nuestros problemas radica en fortalecer la educación universitaria, impulsar la ciencia y la tecnología, y permitir que nuestras instituciones contribuyan a reducir las desigualdades estructurales, promoviendo el desarrollo y la soberanía”, señalaba el documento que se leyó en aquella jornada de protesta.
