Alberto Fernández pondrá a prueba su capacidad de negociación política durante el tratamiento y debate parlamentario del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri durante su mandato en 2018. Si el Presidente falla en su intento de lograr que ambas cámaras aprueben el Staff Agreement, su gabinete podría implosionar, la economía se transformará en un acontecimiento distópico y la Argentina volvería a caer en default con el ente monetario.
Para evitar este escenario caótico, el presidente debe superar cuatro obstáculos políticos que ya están a la vista:
1. La Cámpora
Se conoce que la relación entre el líder de la Cámpora y ex jefe del bloque de Diputados, Máximo Kirchner, y Alberto Fernández no es la mejor. De hecho, un miércoles a la noche, en pleno verano, el mandatario y el hijo de Néstor cenaron a solas. En ese encuentro, el también hijo de la vicepresidenta cuestionó la lógica macroeconómica que negociaba Martín Guzmán con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Esa línea la continuó con la salida de la Cámara baja, dejando entrever que no compartía el acuerdo ejecutado por el responsable de la cartera económica. Por eso no sorprendió que La Cámpora posteara en las redes sociales un vídeo con discursos de Máximo Kirchner criticando al Fondo, y por elevación, al gobierno peronista.
2. Junto por el Cambio
Alberto Fernández mantuvo una crítica furibunda al programa acordado por Macri con el FMI, esto atenta contra la posibilidad de lograr un acuerdo con el PRO, que tiene peso propio en la coalición opositora.
Los principales dirigentes de Cambiemos, con Macri encabezando, cuestionaron el análisis político y económico que planteó Alberto Fernández en su mensaje previó al texto de la Ley FMI. Pero las críticas llegaron hasta el infierno cuando leyeron la exposición de motivos del acuerdo con el Fondo que escribió y firmó Guzmán: “El resultado final fue que los recursos del FMI terminaron generando una deuda insostenible y financiando una fuga de capitales masiva”, cerraba el funcionario encargado de reestructurar la deuda.
Por su parte, la UCR -conducida por Gerardo Morales- y la Coalición Cívica -monitoreada por Elisa Carrió-, consideran que la oposición debe facilitar la aprobación del Staff Agreement en el recinto de Diputados, mientras que Macri, Patricia Bullrich y Los Halcones piensan lo contrario. Si el PRO decide no dar quórum en la sesión del jueves, y votar en contra al final del debate, el acuerdo corre peligro de muerte. señala el periodista Román Lejtman en Infobae.
3. La Ley FMI es un corset político
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene cuatro artículos, y la crítica del PRO apunta a su artículo segundo: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.
Ciertas autoridades parlamentarias de la oposición, entre ellos Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), solicitaron a Sergio Massa que los artículos de la Ley FMI no implicaran un aval político de Juntos por el Cambio al programa cerrado por Guzmán con el Staff del Fondo.
No hay manera de habilitar la refinanciación de los 44.000 millones de dólares concedidos a Macri sin apoyar el Memorando de políticas económicas y financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento, señala el informe del colega.
Entonces, Alberto Fernández deberá encontrar un punto de contacto entre su necesidad de sancionar la Ley FMI, y la flexibilidad que ofrece la Coalición Cívica y una alícuota del radicalismo para lograr un acuerdo político que satisfaga los intereses de ambas partes.
4. La Vicepresidenta
No hay un sólo integrante de la clase política que conozca el funcionamiento legal del Congreso como Cristina Fernández de Kirchner. quien tampoco le aclaró al Presidente que hará todo lo necesario para sancionar la ley FMI antes que comience el otoño en la Argentina.
Cristina sabe que entre el 21 y 22 de marzo hay que pagar 2.800 millones de dólares. Y sin Ley FMI no hay acuerdo del directorio del Fondo, que permitiría acceder a un desembolso de 9.800 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG´s). Este envío, tras la sanción de la ley y el okey del board, evitaría que Argentina caiga en default.
La media sanción de Diputados de la Ley FMI llegaría al Senado el viernes 11 de marzo. Si CFK tuviera voluntad política -que aún no demostró- se podría sancionar el jueves 17, y permitir que un día después el directorio del Fondo apruebe el programa argentino. Es decir: la vicepresidenta controla la disyuntiva política de apoyar a su Gobierno o poner al país en default.
