Alejandra Alliud, jueza en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires que llevaba adelante la investigación por estafa y asociación ilícita contra los financistas rosarinos Fernando y Guillermo Whpei, resolvió enviar la investigación al juzgado federal penal económico por encontrar indicios de de maniobras de lavado de dinero. La investigación surgió partir de un incumplimiento contractual por 952 millones de pesos con el fondo de inversión TMF.
Los empresarios podrían enfrentar condenas de hasta 10 años de cumplimiento efectivo por delitos de lavado.
La Justicia había encontrado información detallada de una maniobra de estafa, encontraron luego que el dinero obtenido de forma ilícita fue girado al Grupo Unión, firma madre de los Whpei, que lo usó para inversiones y pagos, lo que amerita la presunción del lavado.
La magistrada sostiene en su resolución: “Entiendo que la conducta a investigar en esta causa es la de lavado de activos, previsto y reprimido en el artículo 303 del Código Procesal el que concurre con el delito de administración fraudulenta, cometido por las autoridades de la Mutual y con participación de los hermanos Whpei, siendo que ambos ilícitos concurren en forma ideal”.
El caso comenzó a partir de que, en el año 2018, la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales acordó la venta de su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company, una firma global que administra negocios financieros. Cerrados los contratos de traspaso, los créditos fueron transferidos por la mutual a un fideicomiso financiero privado llamado Double Blue Argentina Credit Turst II, que tenía como fiduciario a la propia TMF.
El Fideicomiso pagó por adelantado el total del precio a la mutual por los créditos cedidos por 865.900.000 de pesos. En estas operaciones de compra el dador original sigue recibiendo el dinero del deudor (y cobra una comisión por el servicio) para luego envíar los fondos al comprador de la cartera. En este caso, la mutual quedó con la obligación de seguir recibiendo cada uno de los 25.000 pagos de los créditos individuales, y re-enviarlos mensualmente al fideicomiso Doubleblue.
En marzo de 2020 los pagos tanto de la mutual dejaron de cumplirse, según declaró TMF, “la negativa de pago fue fundada en la cuarentena”. Para el 5 de mayo del año pasado, los denunciantes calculaban que la deuda de la mutual con ellos sumaba $66.936.211.
El grupo inversor inició un reclamo comercial ante el juez comercial número 21, pero al detectar que los tomadores de crédito seguían igual abonando las cuotas, presentaron una denuncia penal por fraude que recayó en el fuero de Alliaud.
La hipótesis de TMF es que los Whpei desviaron ese dinero para pagar deudas defaulteadas en dólares
En abril de 2021 la jueza Alliaud llamó a declarar a los hermanos Whpei junto con todos los directores del grupo. Todos coincidieron en el argumento original de que los clientes les habían dejado de pagar por los embates del coronavirus, reconocieron toda la deuda que los demandantes exigían, y que cuando se recupere la actividad abonarían su pasivo.
Durante las declaraciones, todos los directores coincidieron en repetir el argumento original: que los clientes les habían dejado de pagar por los embates del coronavirus: ya sea por enfermedad, muerte, por haber sido despedidos o tener que haber cerrado sus negocios en cuarentena. Además, en las cuentas de recaudación de los pagos por los créditos de la mutual que habían sido embargadas, había muy poco dinero ingresado sin registros de retiros indebidos. Parecía una deuda comercial, sin indicios de delito.
Pero, en agosto pasado TMF pidió a la Justicia que dicte oficios a los gobiernos y bancos que descontaban los sueldos en busca de seguir el rastro de los fondos. Desde la Municipalidad de Rosario informaron que semanas antes de que empiece el conflicto, la Mutual le pidió que cambien las cuentas a las que les giren el dinero. La cuenta en la que se depósito era una del fideicomiso AMP vínculado al grupo Whpei, constituído justo antes de que empezara la causa penal.
La nueva denuncia penal de TMF, ampliando la original por estafa, los acusa de “desbaratamiento de derechos acordados” (que tiene pena de hasta 6 años de prisión efectiva), asociación ilícita (con penas de 10 años) y lavado de dinero de origen ilícito (tiene hasta 10 años de prisión).
