El juez Marcelo Bailaque fue imputado por presuntas maniobras de corrupción, por incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato, producto de una larga audiencia que continuará este dia viernes, en los Tribunales Federales de Rosario.
Superando las 5 horas de audiencia, 3 fiscales federales expusieron su investigación sobre 3 causas en las que participó el Juez Federal: El manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija. Los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) expusieron cada una de las causas ante el Juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Pidieron las llamadas que hizo Bailaque en el período 2014-2018 y el levantamiento del secreto fiscal para verificar si en ese tiempo algunas de sus declaraciones juradas tienen la firma del contador Gabriel Mizzau –la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013–.Mizzau, por su parte, fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014.
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción la investigación contra Alvarado.“El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar.
La otra imputación, es el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. Bailaque permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria, regulada por el Banco Central.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto accionar de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Hermetismo en la audiencia: La particularidad de la audiencia fue que se los periodistas no podían usar el teléfono, ni siquiera para cuestiones laborales. Además se realizó un cordón de tres policías federales que estaban delante de la prensa y no permitían ver a Bailaque , que, casualmente, estaba de turno.
