En octubre pasado fueron imputadas 16 personas que integraban una asociación ilícita que había cometido homicidios y balaceras en el barrio Godoy. Un dato que sobresalió entonces fue que 12 de los imputados ya estaban detenidos y operaban desde la cárcel. En ese marco, el fiscal Pablo Socca, que había llevado adelante la imputación, expresó su preocupación por el uso de teléfonos desde las prisiones y advirtió: “Si las autoridades no impiden el ingreso de celulares a las cárceles, esto no se termina”.
Este miércoles, y luego de la imputación a otra banda que también diagramaba su funcionamiento desde el encierro, el mismo fiscal volvió a apuntar sobre esta problemática: “El Estado es impotente. El Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad no saben cómo hacer para que no ingresen celulares”.
Entre ambas imputaciones y declaraciones de Socca transcurrieron 8 meses, 182 homicidios e innumerables balaceras, de las cuales se estima que buena parte tuvieron al menos una pata de su planificación en la cárcel. Ya no es una novedad que las bandas más renombradas y sus líderes acumulen imputaciones por liderar pequeñas células delictivas desde la prisión. Pero el uso de celulares desde las cárceles no se reduce solo a la planificación de homicidios, por ejemplo, sino también a la organización de grupos dedicados a extorsiones. Incluso la increíble fuga de ocho reclusos de la cárcel de Piñero en junio de 2021 fue posible porque se cocinó desde un pabellón.
En Rosario la banda se desenvolvía principalmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, con Mauro Gerez, detenido a fines de mayo, como “jefe de sicarios”. El fiscal Socca indicó que las directivas salían desde Piñero a través comunicaciones vía celular de parte de Andy Fabián B., de 25 años, y Julián A., de 23. Estas tres personas y otras seis fueron imputadas por cometer extorsiones y balaceras, por lo cual la jueza Silvia Castellí confirmó este martes la prisión preventiva por el plazo de ley.
A lo largo de esta causa, que tuvo como origen un hecho de extorsión, Socca advirtió que las personas investigadas no utilizaban solo un aparato. “Comencé con un número que extorsionaba, pido el informe y me doy cuenta de que impacta en Piñero, después que ese número estuvo en al menos seis celulares según el impacto del IMEI y que esos seis celulares se usaron en casi 70 líneas en menos de un año, todo dentro de la cárcel”, explicó el fiscal.
“¿Carli? Escuchá cumpa, pasame tu número personal, el que usás vos, porque te quemo, fijate vos que andás haciendo las cosas mal. Agarrá y comunícate a este número lo antes que puedas porque te voy a llenar de tiros el negocio. Sé el piso en que vivís vos, todo. Comunicate por las buenas, sabemos en qué te movés, cómo te manejás, sabemos todo. No contestás y ahora te lleno el negocio a tiros o te mato un empleado”. Ese mensaje, enviado el 11 de febrero desde un celular utilizado en Piñero por Julián A., es una de las evidencias sobre extorsiones que expuso el fiscal en las audiencias.
Otro de los mensajes, enviado el 25 de febrero a una mujer, decía: “Ya sabés, vamos a hablar por las buenas, pagan y nunca más se les molesta. Vas a tener que vender la casa e irte porque te tiroteo todos los días. El auto te lo vamos a prender fuego. Vas a tener más perdida de lo que tienen que pagar, ya te dije como son las cosas, no tengo respuesta para mañana y te mato un hijo. No esperes a que sea tarde, date cuenta que los tengo ubicados”.
Tras esta nueva imputación, el fiscal Socca manifestó su preocupación, que no es nueva, y tiene que ver con el uso de celulares desde las cárceles para llevar adelante actividades delictivas. “Nuestras investigaciones no sirven más que para visibilizar el problema y no para solucionarlo”, indicó el fiscal en diálogo con La Capital. “El Estado está impotente desde todas sus agencias. El Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad no saben cómo hacer para que no ingresen celulares”, remarcó.
Socca también llamó la atención sobre el uso desmedido de celulares que hacía Mauro Gerez en la calle, al detectar que su pareja utilizó 28 líneas en menos de un año. En ese sentido, explicó que este fenómeno es posible por la facilidad con la que se consiguen los chips telefónicos. “La persona que compra un chip da un nombre y un domicilio falso y sobre eso no se puede hacer nada”, indicó.
Sin embargo, fue claro en detectar la raíz del problema en el ingreso de celulares a las cárceles. “Lo primero que no debería existir es el acceso a celulares. Se ha naturalizado que pase y ya nadie se escandaliza. Tiene que haber una decisión política de impedir el ingreso”, sostuvo. En ese marco, el fiscal aseguró que en las investigaciones que lleva adelante se suele sospechar de la participación, por acción u omisión, de agentes del Estado en entramados delictivos. “En mis investigaciones por asociación ilícita o bandas comandadas desde la cárcel siempre se roza la pata policial o del Servicio Penitenciario”, indicó.
