El Gobierno nacional afrontará este miércoles una jornada clave, con desafíos tanto dentro del Congreso como en sus inmediaciones. Por un lado, deberá lograr la aprobación en el Parlamento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que lo autoriza a avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo, tendrá que garantizar la seguridad ante una protesta que se anticipa masiva.
El oficialismo confía en que obtendrá el respaldo suficiente en el recinto, pero la tensión se mantiene por la posibilidad de que la oposición logre revertir el resultado en último momento. Fuentes del bloque de La Libertad Avanza afirmaron que ya se establecieron contactos con las bancadas parlamentarias más importantes y se habrían asegurado los votos necesarios para sostener el DNU presidencial.
Sin embargo, desde la misma bancada oficialista mantienen cierta cautela. Un importante referente de La Libertad Avanza reconoció que no es imposible que la oposición logre sumar votos suficientes para rechazar el decreto: “La política siempre puede traer sorpresas, pero nuestra tarea es garantizar que lo que manda el Presidente tenga aprobación”.
En el marco del debate político, algunos dirigentes provinciales también expresaron públicamente su apoyo a la negociación con el FMI. Es el caso del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien destacó en un evento empresarial en Buenos Aires que el acuerdo resulta clave para estabilizar el rumbo económico y atraer inversiones. En esta línea, pidió responsabilidad al resto de los dirigentes para no dificultar aún más el panorama económico.
Mientras el Congreso debate puertas adentro, puertas afuera se esperan manifestaciones multitudinarias. Jubilados y agrupaciones sociales convocaron a una nueva protesta, que según fuentes gubernamentales, sería más numerosa que la registrada la semana anterior. Esta situación llevó al Ejecutivo a intensificar las medidas preventivas y de seguridad para evitar incidentes similares a los ocurridos la semana pasada, cuando hubo enfrentamientos con la policía que dejaron varios heridos y daños materiales.
El asesor presidencial Santiago Caputo encabezó el martes una reunión clave con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, junto con los titulares de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, para diagramar un operativo especial de prevención. También participaron funcionarios de transporte, ya que se dispusieron controles reforzados en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para los colectivos que trasladarán manifestantes.
Durante toda la jornada, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se encargará de realizar inspecciones minuciosas. Se revisarán licencias, documentación obligatoria, descanso reglamentario de choferes, y se aplicarán controles de alcoholemia, para evitar cualquier inconveniente que agrave la situación.
Por otro lado, llamó la atención la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en las reuniones de planificación. Fuentes cercanas explicaron que el funcionario delega estas decisiones en su equipo, aunque aclararon que está informado de cada paso que se dará.
La orden para las fuerzas de seguridad es clara: prevenir desmanes pero evitar incidentes mayores. Policías federales y efectivos locales estarán apostados estratégicamente, pero con instrucciones de actuar solo en caso de extrema necesidad.
El Gobierno, finalmente, entiende que una manifestación masiva no es necesariamente negativa en términos políticos, siempre que no derive en violencia ni caos como ocurrió en ocasiones anteriores. Por eso, el desafío principal será mantener la calma en las calles mientras en el Congreso se define el futuro económico del país.
