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Movilización y conflicto gremial de serenos de buques por un decreto del Gobierno

El decreto generó preocupación en Puerto General San Martín y otros municipios del área portuaria, ya que pone en riesgo la estabilidad laboral de unos 800 trabajadores en todo el país y podría afectar la seguridad en los puertos.

La reciente modificación del Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, establecida a través del decreto presidencial N° 37/2025, provocó un fuerte rechazo sindical en el sector portuario del Gran Rosario. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y firmada también por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, elimina la obligación de contratar serenos de buques para embarcaciones con bandera extranjera, dejando esta decisión a criterio de los empresarios del sector.

El decreto generó preocupación en Puerto General San Martín y otros municipios del área portuaria, ya que pone en riesgo la estabilidad laboral de unos 800 trabajadores en todo el país y podría afectar la seguridad en los puertos.

Desde el Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB), su secretario general, Antonio Ivaldi, advirtió sobre las consecuencias de la medida, señalando que la ausencia de personal de vigilancia en los buques podría facilitar actividades ilegales como el tráfico de mercancías y personas. Por su parte, Mario Scherini, delegado del gremio en Puerto San Martín, expresó su malestar: “Este cambio representa un golpe para nuestra profesión. Sin serenos a bordo, los buques quedan expuestos a situaciones de riesgo”.

Ante este panorama, el sindicato presentó un pedido para que se habilite la feria judicial y así poder interponer un recurso de amparo con medida cautelar que frene la implementación del decreto. Además, se iniciaron gestiones con agencias marítimas y autoridades portuarias con el objetivo de encontrar alternativas que permitan preservar las funciones de los serenos de buques.

Scherini también destacó la importancia del rol que desempeñan estos trabajadores en el resguardo de las embarcaciones, evitando el ingreso de personas no autorizadas y el transporte de cargas irregulares. “Estamos en contacto con otros gremios y funcionarios locales para analizar qué soluciones podemos encontrar. Este es un problema que afecta a muchas familias y requiere una respuesta urgente”, concluyó.

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