El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, reveló que el gobierno está evaluando implementar un sistema de aranceles para los estudiantes extranjeros que no residan en Argentina. La propuesta busca que la Secretaría de Educación sea la encargada de cobrar esta cuota, con el objetivo de destinar los fondos recaudados a un programa de becas. Esta medida ha generado debate, aunque en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la gratuidad de la educación sigue firme y no está en discusión.
Álvarez detalló esta iniciativa en una entrevista reciente en el canal de streaming Neura, destacando que en la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor del 20% de los estudiantes son extranjeros. “Creo que los estudiantes que vienen únicamente para cursar y luego se marchan deberían pagar una cuota”, afirmó Álvarez, haciendo una distinción entre este grupo y aquellos extranjeros que ya residen en el país. “En el caso de residentes, no sería aplicable, ya que muchos venezolanos llegaron temporalmente y terminaron quedándose”, agregó, mencionando también la posibilidad de un programa especial para ciudadanos venezolanos debido a la situación en su país de origen.
Álvarez explicó que el arancel propuesto no sería recaudado por las universidades, sino directamente por el Ministerio de Capital Humano, y los fondos se dirigirían a fortalecer el programa de becas. El funcionario elogió el programa de Becas Manuel Belgrano, que otorga unas 36 mil becas a estudiantes de carreras científicas y técnicas, como un ejemplo exitoso de esta política.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos legales y resistencias. La Ley de Educación Superior, en su artículo 2º bis, garantiza la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal y prohíbe la imposición de cualquier tipo de gravamen, tasa o arancel, directo o indirecto.
La idea de arancelar la educación para extranjeros no residentes no es nueva; ya había sido incluida en el proyecto original de la Ley de Bases, redactado por Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Cuando se discutió la ley a principios de año, los rectores universitarios rechazaron esta posibilidad. Franco Bartolacci, rector de la UNR, reafirmó el compromiso de la universidad con la gratuidad de la educación superior, consagrado en su estatuto, y subrayó que esta postura seguirá vigente.
Bartolacci también señaló que solo el 5% de los estudiantes de la UNR son extranjeros, y de ese grupo, apenas el 1% no tiene residencia permanente, la mayoría de ellos estudiantes de posgrado que ya abonan por sus estudios.
Este tipo de propuestas no es novedoso. En 2018, durante el centenario de la Reforma Universitaria, un grupo de diputados de Cambiemos, liderados por Luis Petri, actual ministro de Defensa, presentó un proyecto similar que también recibió el rechazo de los rectores de las universidades públicas.
