El gobierno nacional ha diseñado un esquema de actualización de las tarifas de gas natural por redes, que se comenzará a sentir en febrero de 2023, cuyo escenario principal -el de la audiencia pública- ya pasó sin mayores sobresaltos. Habla de aumentos a partir del 1ro de enero de 2023 que rondarían el 54% en el nivel de ingresos más altos en la segmentación tarifaria y del 17 en el más bajo. Se sostiene que en promedio, los niveles medios sufrirán una suba del 30%.
La audiencia se celebró el 6 de diciembre y en ese ámbito que reúne a representantes de usuarios y actores del sector hidrocarburífero en producción, transporte y distribución, se presentó un informe técnico que muestra distintos escenarios. Todos con aumentos para los usuarios, según cuánto del precio del gas sea finalmente subsidiado por el sector público.
La Secretaría de Energía de la Nación pone especial énfasis en la crisis provocada por la guerra en Europa y sus secuelas sobre el precio de todos los recursos energéticos. Como se sabe, aunque la Argentina es rica en reservas de gas (en especial en Vaca Muerta) carece de la infraestructura necesaria para aprovecharlas y cada invierno debe importar gas que llega en barcos, a valores internacionales.
Esa variable atada al mercado mundial -y otras decisiones a adoptar en el plano doméstico- justifican la idea de presentar diferentes escenarios, según cuánto pueda el Estado subsidiar en el precio del gas “en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” o “PIST”. Aunque lo parezca la sigla no es una onomatopeya: habla del gas a usar en el sistema argentino de gasoductos que abastecen a las empresas distribuidoras, como Litoral Gas en el caso de Santa Fe. Y la referencia sirve para explicar que allí se inyecta tanto gas argentino como el que se compra afuera, en dólares. (En la producción local de gas hay insumos que también tienen precios dolarizados).
Un párrafo del informe de 13 carillas es clave. Dice que “en caso de aplicarse los precios del gas natural definidos por la normativa vigente” para el año próximo, el Estado Nacional “asumiría a su cargo el 67,3% del precio promedio de abastecimiento de la demanda prioritaria”. Es decir que las arcas nacionales “aportarían $ 439.921 millones (M) sobre un total de $ 653.498 M”. Es una manera elegante de decir que el conjunto de los usuarios residenciales, por vía de la reducción de los subsidios, se hará cargo de $ 213.577 M.
Faltan apenas unas semanas para que rija el nuevo valor del precio del gas en en el PIST, y tras cumplirse con la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (que sigue intervenido) será el Poder Ejecutivo Nacional a través de su Secretaría de Energía quien de a conocer los nuevos valores.
Mientras, conviene saber la La ley de Presupuesto 2023 ha dejado listos $ 150.000 millones en gastos corrientes con destino al Programa Plan Gas.Ar para cubrir subsidios. Y unos $570.000 millones en transferencias del Tesoro para sostener las cuentas de Enarsa, la empresa del Estado que compra gas, por ejemplo a Bolivia, o Gas Natural Licuado en barcos y que es responsable de la construcción del nuevo gasoducto Néstor Kirchner para transportar la producción de Vaca Muerta. Se estima que el país necesitará 2935,3 millones de dólares para hacer frente a esas compras en el exterior.
Las cuentas que aún debe realizar la Secretaría de Energía de la Nación para el gas inyectar a los gasoducto en el PIST deben sumarse a otras.
Sigue pendiente la convocatoria a otra audiencia pública pero para cubrir los costos de transporte y distribución, que también están reflejados en las boletas que llegan a los usuarios. Todavía no tiene fecha, se sabe sí que las compañías que distribuyen el gas por redes lograron en el último año unas subas promedio del 40% y que la inflación es del 88%.
