La Justicia Federal de Rosario ordenó al PAMI que cubra medicamentos a una joven afiliada. Uno de los remedios cuesta varias decenas de millones de pesos. Uno de los medicamentos está entre los más caros de la Argentina.
Con el patrocinio del abogado Hugo Hernandez una afiliada del PAMI presentó un amparo que brinde la cobertura integral de la droga denominada Micofelonato Mofetil (500 MG), Cellcept y Ofev (100 mg) Nintedanib, solicitando la cobertura al 100% de los mismos y su respectivo tratamiento en virtud de la patología que padece.
Cuestan entre los 2 la suma de $40.000.000. La joven 30 años y fue diagnosticada con Síndrome de Sjögren con fibrosis pulmonar agregada. Explicó que dicha patología se interpreta como una enfermedad progresiva con severo deterioro funcional respiratorio ante la no respuesta a los tratamientos intentados.
Agrega que algunas investigaciones sugieren que la mitad de los afectados por fibrosis pulmonar viven entre 3 y 5 años después del diagnóstico, demostrando así que se encuentra en riesgo de vida”.
Relató que la no provisión de medicamentos solicitados, denigra su calidad y dignidad de vida, afectando su derecho a la salud, siendo imprescindibles para mantener su salud e integridad física dado que se encuentra en riesgo de vida.
Sostiene que en virtud del diagnóstico emitido por sus médicos tratantes y con las órdenes correspondientes concurrió a PAMI a los fines de que autoricen las mismas y le otorguen los medicamentos necesarios.
Realizó un detalle de conducta desplegada por la obra social frente al requerimiento extrajudicial de los medicamentos solicitados cuya autorización según informó fue rechazada en reiteradas oportunidades.
PAMI negó la cobertura de la prestación reclamada. Sostuvo que conforme lo informado por auditoria médica en relación al medicamento Micofenolato Mofetil, ha ofrecido una alternativa terapéutica para tratar la dolencia padecida por la afiliada, y con respecto a Nintedanib refiere que el medicamento requerido no se encuentra incluido en el Vademécum Pami.
En la resolución la jueza federal Sylvia Aramberri destacó que la ley 24.901 estableció un “Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”, que contempla acciones tanto de prevención, como de asistencia, promoción y protección, con la finalidad de otorgarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.
Agregó que “no puede perderse de vista que la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país que, como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de los casos en que la salud de los sujetos que la padecen está en juego”.
