El plan de privatización que impulsa el gobierno de Javier Milei afectará al bolsillo de los que diariamente transitan con sus vehículos por la avenida Circunvalación, el puente Rosario – Victoria y otras vías provinciales que están dentro de la Red Federal de Concesiones (RFC), un sistema que permitirá licitar más de 9.000 kilómetros de caminos a lo largo del país.
Entre los principales puntos del nuevo sistema, ya presentado a los empresarios, se destacan aumentos de peajes -entre un 150% y un 200%, según el sitio Letra P- sobre las tarifas actuales, contratos de duración indefinida condicionados a las propuestas de los interesados y la falta de obras para ampliar la red vial.
De los trece tramos, tres tienen recorridos por Rosario y la región. El más significativo es el llamado “Río Paraná”, que abarca 1.027 kilómetros en donde se contempla la Circunvalación de Rosario, la ruta 33 y la ruta 9 que incluye la autopista que conecta con Buenos Aires y con Córdoba.
También están los tramos “Conexión”, que corresponde a los 59,43 kilómetros de la ruta 174, que es la que cruza por el puente Rosario-Victoria, y el tramo “Noroeste 1” que abarca 725,11 kilómetros de la ruta 34 contando todo el trayecto santafesino hasta Santiago del Estero.
Quienes ganen la licitación, operarán sin subsidios y no estarán obligadas a pagar cánones al Estado.
Según el portal anteriormente mencionado, las tarifas actuales, de $1.200 por peaje, seguirán vigentes hasta que las nuevas operadoras terminen las obras mínimas de rehabilitación, con ajustes mensuales basados en la inflación, precios mayoristas y salarios del sector. Luego, se aplicarán los nuevos cuadros tarifarios, que serían entre un 150% y un 200% más elevados.
El modelo sólo establecerá un “techo tarifario” para cada tramo; los operadores que ofrezcan precios por debajo del límite tendrán más chances de adjudicación. Las tarifas, además, se actualizarán automáticamente cada tres meses.
Otro punto controversial es la ausencia de un plazo contractual definido, que será propuesto por los oferentes en función de sus costos y expectativas de ganancia. Tanto el monto de la tarifa como la duración del contrato serán factores clave en la asignación de los tramos.
Además, las empresas que accedan a los tramos estarán limitadas a “la conservación, mantenimiento, rehabilitación y explotación de infraestructura vial mediante cobro de peaje”. No están previstas obras nuevas de ampliación para transformar las rutas en autovías o la construcción de carriles de sobrepaso. De esta manera, sólo estarán obligados a preservar la infraestructura actual, reponer señales y realizar tareas de mantenimiento básico.
Por último, las licitaciones se realizarán con el sistema de doble sobre y a través de la plataforma CONTRAT.AR. En el “Sobre 1”, quienes estén interesados presentarán antecedentes técnicos y económicos junto con tres tipos de garantías: una por las obras del primer año, otra por la operación y mantenimiento, y una tercera por las obras de rehabilitación. En el “Sobre 2”, deberán incluir su propuesta económica, indicando el nivel tarifario y la duración contractual que consideren conveniente.