La guerra en AFA está declara. La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió este martes la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, que se iba a realizar el jueves, en la que se trataría la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la entidad, además del nuevo formato del torneo y la eliminación de los descensos.
El fallo hizo lugar a un reclamo del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien pidió que se suspendan las elecciones anticipadas previstas para este mes, un año antes de lo que correspondía. Según argumentó, esta decisión limitaba la posibilidad de que otros clubes propusieran candidatos alternativos.
La IGJ declaró “la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el día 17 de octubre de 2024”, así como “del Orden del Día fijado y establecido” para la reunión.
Entre los fundamentos, señaló que la Ley del Deporte establece que los presidentes de las asociaciones civiles deportivas pueden tener “un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas”. Sin embargo, la AFA admite hasta cuatro mandatos y pretende ampliarlo a cinco, por lo que “se estaría apartando aún más de lo dispuesto en esa norma”.
También destacó que el mandato de las actuales autoridades de AFA finaliza en octubre de 2025 y adelantar las elecciones llevaría el plazo de vigencia de los cargos de 4 a 3 años, es decir que se reducirían “en una cuarta parte”.
Además de la reelección de Tapia, los dirigentes de AFA tenían previsto debatir en esta asamblea el proyecto para eliminar los descensos de la actual temporada en la Liga Profesional y así ampliar la cantidad de equipos a 30. En este contexto, se especulaba con volver al formato de dos torneos en el año, Apertura y Clausura.
Luego de que se conociera el fallo de la IGJ, el Ministerio de Justicia difundió un comunicado donde aseguró que “sin justificación válida, la AFA intentó adelantar las elecciones un año antes de lo previsto”, lo que constituye una “violación de la ley y sus propios estatutos”.
En el mensaje, agregaron: “La reforma propuesta buscaba extender de cuatro a cinco años la duración de los mandatos de los directivos, lo cual contraviene la Ley del Deporte”, y además “la entidad intentaba aprobar modificaciones estatutarias cuando aún existen reformas anteriores pendientes de aprobación”.
“El Ministerio de Justicia reafirma que nadie está por encima de la ley. Las decisiones de la AFA deben ajustarse estrictamente a derecho y garantizar el respeto a la normativa vigente, preservando el orden institucional. Nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad es irrenunciable”, concluyeron desde la cartera.