El gobierno nacional expresó su firme convicción de combatir el narcoterrorismo que asola a Rosario. Ya lo había hecho antes de la ola de crímenes que asoló a la ciudad este marzo, y que le costó la vida a dos taxistas, un chofer de colectivos y un playero de una estación de servicio, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el pasado diciembre destinó una nueva dotación de fuerzas federales al poner en macha el Plan Bandera.
Tras los asesinatos que causaron conmoción entre los rosarinos y que causaron un fuerte impacto a nivel nacional, porque las víctimas eran inocentes que no tenían nada que ver con las organizaciones criminales, Bullrich volvió a la Rosario, esta vez acompañada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y anunció que presentarán en el Congreso de la Nación una ley “antibandas” y ratificó que no van a dejar que “Rosario sea tierra de narcoterroristas”.
El paquete de medidas con las que la administración de Javier Milei confía en poder quebrarle el brazo a las bandas narcos y pacificar a Rosario, incluye un cambio en la legislación vigente con el fin de que de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas queden habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia.
Este punto abrió una grieta en el gobierno nacional cuando este jueves la vicepresidenta Victoria Villaruel dejó en claro que disiente con ése criterio. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo: la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70″, sostuvo. Y añadió: “El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.
Y fue más allá. La presidenta del Senado de la Nación destacó que con la legislación vigente si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite” ya que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.
Villarruel, además, reconoció que no le gustó la decisión que tomó Milei de dejarle las áreas de Seguridad y Defensa al PRO cuando se las había prometido a ella. Consultada sobre la cuestión, dio una respuesta amable pero tajante: “No me agradó”, dijo y luego admitió que sus quejas por el tiempo que le había hecho perder el presidente preparando a sus equipos para el desembarco en el gobierno en esas dos temáticas.
Pocas después de las polémicas declaraciones de Villarruel, Petri, también en TN, dio su versión sobre la postura del gobierno sobre el desembarco de las Fuerzas Armadas en Rosario. “Respeto la honestidad de la vicepresidenta y su honestidad intelectual, pero nosotros estamos planteando justamente modificar la ley -dijo-. Hoy nuestras Fuerzas Armadas pueden intervenir en operaciones de seguridad interior, no es que lo tienen prohibido”.
“La Ley de Seguridad Interior prevé la intervención en dos supuestos, uno es la intervención mínima, que es el apoyo en logística, comunicaciones, ingenieros, veterinaria y transporte, que es lo que estamos haciendo ahora en Rosario”, explicó Petri, quien este martes presentó el equipamiento, que incluye helicópteros y lanchas, que desplegó el Ejército en Rosario. Y aclaró: “El comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior nos convocó y allí estuvimos”.
“La otra intervención es la intervención máxima, la más brutal. Es la que prevé el artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior, que es el Estado de Sitio”, destacó el funcionario, y añadió: “Tiene muchísimos inconvenientes porque supone el levantamiento de las garantías constitucionales, supone enviar a las fuerzas sin procedimiento, supone que la propia ley les impide equiparse, prepararse y capacitarse para intervenir”.
Petri advirtió que, ante esos dos supuestos, el gobierno nacional sostiene que “las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en un supuesto específico que intervienen todas las fuerzas armadas del mundo desde el 11 de septiembre de 2001, que generó un antes y un después, y es la hipótesis de terrorismo”. La posición recibió críticas de la oposición, las propias FFAA y de expertos en combate al narcotráfico, a las que en las últimas horas se sumó Villarruel.
Finalmente, aclaró: “En las hipótesis de terrorismo que están definidas en el Código Penal, como todo acto o delito que están destinados a aterrorizar a la población, nosotros creemos que hay que darle el marco jurídico adecuado para que las Fuerzas Armadas no actúen con los ojos vendados, no actúen al margen de la ley sino con un procedimiento claro, en los mismos términos y condiciones que lo hacen las fuerzas de seguridad”.
