En medio de la grave crisis de crímenes y delitos que afecta a la ciudad, el Ministerio de Justicia de la Nación decidió implementar un nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos en la Justicia Federal de Rosario. Este modelo se basa en la realización de audiencias públicas y otorga a los fiscales la exclusiva responsabilidad de investigar delitos de su competencia, especialmente relacionados con el narcotráfico a gran escala, a diferencia del narcomenudeo, que ya es competencia de la Justicia Provincial en Santa Fe.
La resolución 63 del Ministerio de Justicia, dada a conocer recientemente, establece la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir del primer minuto del 18 de marzo, es decir, el próximo lunes.
Esta medida ha generado gran preocupación en el ámbito de la Justicia Federal local, así como en el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien solicitó al gobierno nacional una prórroga para la implementación del nuevo modelo.
El cambio se basa en un análisis crítico realizado por sectores de la Justicia Federal a nivel nacional y el Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Mariano Cúneo Libarona. Según este nuevo sistema, los jueces ya no tendrán un papel relevante en el control de las investigaciones, que estará en manos de los fiscales federales. Su función se limitará a pronunciarse en audiencias públicas sobre las pruebas presentadas, mientras que los fiscales investigarán y acusarán, y los defensores defenderán a los acusados.
Ante esta situación, magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de Rosario se han reunido con representantes del Ministerio de Justicia. Aunque están de acuerdo con el cambio al modelo acusatorio, la rapidez con la que se ha ordenado su implementación ha generado sorpresa e incertidumbre, incluso en la Corte Suprema de Justicia, que ha enviado a uno de sus ministros para analizar la situación.
El nuevo modelo implica cambios significativos en el proceso de enjuiciamiento federal. Por ejemplo, desaparecerá el sistema escrito de instrucción de los casos, siendo reemplazado por investigaciones dirigidas por los fiscales desde el principio y audiencias orales públicas.
Sin embargo, la implementación de este cambio enfrenta desafíos logísticos y organizativos, como la falta de personal y recursos para organizar las audiencias requeridas por el nuevo modelo. Además, preocupa la falta de consulta y coordinación con las instituciones involucradas, así como la disponibilidad de recursos económicos y humanos necesarios para asegurar el éxito de esta transición.
En este contexto, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ha expresado su preocupación y declaró el estado de alerta y movilización ante lo que consideran una decisión unilateral e inconsulta por parte del Ministerio de Justicia.
