La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de términos como “imbécil”, “idiota” y “débil mental” en una resolución oficial. La normativa, publicada en el Boletín Oficial el mes pasado y difundida este jueves, establece criterios médicos para medir la invalidez laboral, lo que generó repudio de distintas organizaciones.
La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) cuestionó el uso de estos términos, señalando que violan la Constitución y tratados internacionales contra la discriminación. Su presidenta, Mariel Chapero, explicó que estas categorías provienen del siglo XIX y deberían estar “absolutamente superadas”.
Más allá de lo simbólico, desde Apridis alertaron sobre el impacto de los recortes presupuestarios en las pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. Según Chapero, el presupuesto 2025 prevé 160 mil pensiones menos, mientras que una auditoría masiva busca restringir el acceso a estos beneficios.
Actualmente, quienes reciben una pensión no contributiva perciben apenas 190 mil pesos y tienen acceso al Programa Federal Incluir Salud, que garantiza cobertura médica y dispositivos de atención. La preocupación es que muchas personas con discapacidad pierdan este respaldo esencial si no cumplen con los nuevos criterios establecidos por la Agencia.
