Una jueza mandó a derribar una instalación precaria que era utilizada como boca de expendio de drogas en un asentamiento de la zona oeste. La resolución fue el detalle más sobresaliente de una nueva audiencia imputativa por narcomenudeo en el fuero provincial, en el marco de la aplicación de la flamante ley de desfederalización de causas menores por venta de estupefacientes.
Este viernes, la jueza María Trinidad Chiabrera ordenó tirar abajo un rancho de Riobamba al 5000, en la Villa Pororó, construido con chapas y tirantes, donde el 3 de enero por la madrugada personal de Policía Motorizada detuvo a ocho personas y secuestró 502 dosis de cocaína en bolsitas (439 gramos) y 187 de marihuana prensada (342 gramos).
El hecho se informó como un procedimiento de calle en el último eslabón de la cadena de comercialización. No se indicó secuestro de dinero alguno.
Chiabrera invocó el “cese de estado antijurídico” para el derribo de las instalaciones utilizadas para el comercio ilícito de sustancias prohibidas y también dictó la prisión preventiva por 90 días para tres hombres que estaban en la tapera con el acopio de la droga lista para la venta. Se trata de Pablo Sebastián F. (31); Héctor de Jesús R. (36) y Brian Fernando S. (32).
Además, dos mujeres y tres hombres recuperaron la libertad con reglas de conducta y el pago de una caución. ¿El delito? “Comercio con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte”.
El búnker de “Riobamba y la vía” fue noticia en febrero del año pasado, en ocasión en que un consumidor fue muerto a balazos por la espalda. La víctima se llamaba Franco Emanuel “Tuly” Alegre y una de las hipótesis es que fue asesinado al voleo cuando fue a comprar droga. El caso tiene un detenido en prisión preventiva.
