Tres años después de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, dos policías y dos ex empleados de seguridad del boliche Ming River House del complejo la Fluvial serán juzgados a partir de este miércoles por el homicidio del joven de 23 años cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná tras ser retirado de manera agresiva del local. Los acusados enfrentan pedidos de entre 17 y 23 años de prisión como coautores de un homicidio simple con dolo eventual, encuadre al que los uniformados suman delitos propios de su función. En contrapartida, los planteos defensivos señalan que no hubo una acción para causar la muerte del muchacho.
El inicio del debate en el Centro de Justicia Penal estaba previsto para las 9 de este lunes, pero se suspendió ayer a última hora por el fallecimiento de un familiar de uno de los jueces. La audiencia de apertura se reprogramó para el miércoles a las 8, con una movilización previa de familiares en la puerta.
Las cuatro personas que se sentarán como acusadas en el juicio están en prisión preventiva. Les reprochan haber arrinconado a golpes a Bocacha contra la baranda del Paraná hasta provocar su caída al río. Para Emiliano López, de 32 años, y Fabián Maidana, de 54, quienes en febrero de 2020 eran encargados de la seguridad del boliche, el fiscal de Homicidios Patricio Saldutti solicitó 17 años de prisión. En tanto que los policías provinciales Gabriel Nicolossi, de 40 años, y su pareja Karina Gómez, de 43, afrontan un pedido de 19 años de cárcel. La querella requirió penas aún más altas.
Los cuatro enfrentarán el proceso como presuntos coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, es decir que según la acusación se representaron la posibilidad de que el joven perdiera la vida al caer al agua, pero aún así siguieron con su accionar. A eso, los policías suman los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El debate estará a cargo de los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez.
En representación de la familia Orellano actuarán los abogados querellantes Salvador Vera y Nicolás Vallet. Bajo el mismo encuadre penal de la fiscalía solicitaron que se apliquen penas más elevadas: 23 años de prisión para Gómez y Nicolossi y 20 años para Maidana y López.
Vera resaltó que Bocacha, un “chico querido y conocido en todos los lugares a los que iba”, murió en un “contexto de agresión violenta por parte de personal de seguridad entrenado”. El abogado resaltó como “un logro de toda la familia” haber llegado a la instancia de juicio cuando “tenemos antecedentes de otras muertes en contextos similares que no han llegado a juicio. Decimos que Bocacha no se cayó, lo tiraron. No se murió, lo mataron, no se trata de un accidente sino de un homicidio y esperemos que al final del juicio quede acreditado”.
En la puerta
Para acompañar el inicio de las audiencias, la Asociación Civil Bocacha Orellano creada por familiares y amigos de la víctima convocó a una concentración a las 7.30 del miércoles en las afueras del edificio de Sarmiento y Virasoro. En ese acto elevarán un pedido de justicia “por Bocacha y por cada pibe y piba que no pudo volver a casa”, según consignaron en un comunicado. “Luego de tres años de lucha por la verdad, llegó la hora de que sea justicia”, remarcaron, y añadieron: “Bocacha fue asesinado. Con dos agentes de seguridad privada y dos policías acusados como autores, sabemos que fue un homicidio en contexto de violencia institucional y policial”.
Según reconstruyó la fiscalía, la madrugada del 24 de febrero de 2020 Orellano había ido a bailar con amigos al boliche Ming, dentro del complejo La Fluvial, donde los dos policías cumplían servicio adicional y los otros dos acusados se desempeñaban como encargados de la seguridad privada. En un momento Bocacha intentó ingresar al VIP y fue retirado del lugar. En las audiencias preliminares al juicio el fiscal expuso que los imputados “ejercieron violencia física” para sacarlo del boliche y rodearon a la víctima contra la baranda del río Paraná, lo que no le dejó más opción que arrojarse al agua como única vía de escape ante una agresión.
Esa secuencia se dio cerca del muelle 3, cuando los agresores rodearon a Orellano y según la acusación “se aprovecharon de su superioridad física y numérica”. “Lo golpearon y determinaron con su accionar que Orellano salte la baranda de protección y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancia que le provocó la muerte”, indicó el fiscal. El cadáver del joven apareció en el río dos días después. Fue encontrado el 26 de febrero de 2020 a la altura del kilómetro 418, a escasos metros del boliche.
Pericias
Con respecto a la causa de la muerte, un estudio histopatológico realizado por el Cuerpo Médico Forense de La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el cadáver de Orellano tenía lesiones producidas en vida. A su vez, un análisis elaborado por la Universidad de Buenos Aires detectó la presencia en el organismo de diatomeas, las algas que aparecen cuando una persona muere ahogada en aguas como las del Paraná.
Además de la circunstancia en la que murió Orellano la investigación abordó cómo se comportaron los funcionarios policiales luego del hecho. La investigación arrojó que Gómez dio aviso de la caída de Orellano al 911 y a la Prefectura “pero omitió informar la verdad” de lo ocurrido, ya que se reportó que una persona acostada en el suelo desapareció “como si hubiese caído al agua”, sin dar cuenta de la interacción previa con los patovicas. “Luego todos los imputados se retiraron del lugar sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima”, detalló el fiscal en su acusación. Remarcó además que Bocacha cayó al río cerca de las 4.30 pero los llamados al 911 y a Prefectura fueron a las 5.30.
De esa manera, para la pesquisa, los acusados “impidieron con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”.
Planteos
Como contracara de las altas penas solicitadas por la parte acusatoria, los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, defensores de los policías Nicolosi y Gómez, consideraron que “no ha existido violencia previa que determine el desenlace fatal” y remarcaron que la autopsia “echa por tierra la hipótesis de homicidio porque dice que no hay golpes, no hay signos de muerte violenta”.
“Lo principal que quiere resaltar esta defensa es que en este caso no hay delito” —dijo ayer Mazzuchini a La Capital—. Bocacha saltó al río, eso lo dicen los testigos. Pero en ningún momento lo mataron ni se lo quiso matar. No tiene ninguna huella de golpes ni de marcas, ni fue objeto de torturas, todo eso está probado por el perito de la fiscalía”.
Por su parte Jorge Bedouret, uno de los defensores de los patovicas López y Maidana, habló de falta de objetividad y ausencia de evidencia para dictar una condena, planteo que al igual que el resto se profundizará el miércoles en los alegatos de apertura.
