“Si no hablé públicamente antes, en estos diez años, fue porque creo en la Justicia, pero ahora ya necesito explicar el calvario en el que estoy viviendo. Fui el elegido, necesitaban un culpable, alguien que sea castigado, y fui el último eslabón (o el chivo expiatorio) al que todos acusaron para darle una rápida respuesta a la sociedad y lavar las culpas de las fallas del sistema. Sospechosamente fui preso por ser el que tenía la menor experiencia, el menor poder y la menor formación jurídica de todos”.
Oscar Kovalevski es el martillero que fue condenado por una estafa cometida con fondos judiciales depositados en el Banco Municipal de Rosario. Estuvo preso tres meses en la comisaría 8ª en el 2013 y otros tres en la cárcel de Piñero. Hace casi un año que está en prisión preventiva con arresto domiciliario. Lo condenaron a una pena de 8 años, pero sigue insistiendo que se hará Justicia si el tribunal que confirmó su sentencia en segunda instancia admite un recurso de inconstitucionalidad que ya hicieron sus abogados defensores, o más adelante si la Corte Suprema de Justicia de la provincia acepta revisar el caso.
El 11 de octubre le ratificaron exactamente la misma condena dictada en primera instancia, y Kovalevski resalta que fue “el único de los acusados en este caso que confió en el sistema judicial. Los otros responsables nunca tuvieron ni un día de prisión efectiva y actualmente gozan de su libertad, sin culpa y cargo, y continúan trabajando después de haber aceptado rápidamente que cometieron los delitos por los que fueron acusados, y condenados en juicios abreviados”, relata.
Otro de los acusados, el ex juez Norberto Scavone finalmente enfrentó también un juicio oral en el que resultó condenado a una pena de 4 años y medio tras confesar al concluir el juicio. También cumple prisión domiciliaria.
El martillero, con más de treinta años en la actividad, aclara que ir a juicio y no aceptar sin más su culpabilidad en el caso, aunque le conviniera, “no fue una estrategia”, sino que lo hizo porque “quería defenderme; no puedo renunciar a demostrar mi inocencia”.
“No me doblegó ni lo que sufrí en el calabozo de una comisaría ni las angustias que junto a mi familia padecimos el tiempo que estuve en la cárcel de Piñero compartiendo celda con homicidas. Quiero explicar mi verdad. Es imposible que un martillero sea el jefe de una asociación ilícita de la que participan abogados, secretarios y jueces. No tengo categoría, soy un auxiliar de la Justicia para hacer subastas y tasaciones. Ni apellido influyente tengo”, afirma.
En el juicio declaró que “de haber jefes y organizadores es más lógico mirar para el lado del empleado del Banco Municipal que facilitaba los números de las cuentas que estaban inactivas, o a los abogados que hacían las falsas demandas, las ingresaban en la Mesa de Entradas Única, confeccionaban los oficios, después se dirigían al Banco y los cobraban”. Se refiere a otros dos de los acusados, los abogados Luciano Bautista García Montaño y Jorge Heter.
En la investigación se detectaron 57 expedientes con esa maniobra, que consistía en inventar juicios falsos con los que algunos abogados, en connivencia con personal judicial, hacían oficios para cobrar cuentas inmovilizadas por años en el Banco Municipal. Sólo uno solo de esos expedientes fue cobrado por Kovalevski. El resto por los abogados, que, reitera “sospechosamente fueron los que rápidamente me acusaron en una gran sintonía. Desde el primer momento fui señalado, fui el elegido para ser el organizador, el máximo responsable. Esto le puede pasar a cualquiera que tenga alguna actividad pública similar a la mía”.
A la hora de explicar su participación en esa parte, el martillero explica algo que le parece esencial: “Los oficios son similares a un cheque, los puede cobrar cualquiera, es una orden de pago donde lo importante es la firma del juez, no interesa a nombre de quien están. Sólo tienen que coincidir los datos del que va a cobrar. A mí me dieron algunos de esos oficios, por magras sumas, para pagarme un convenio de deuda que tenían esos abogados por tasaciones sobre unos lotes en Funes. Pagaron la cuenta gratis y fui el tonto que cayó en su trampa. Me usaron para ir a cobrar oficios que hacían entre ellos. Más que organizador o integrante soy una víctima”, sostiene.
También alude a una situación particular que tiene el caso, en el que Kovalevski aclara que no está denunciado por nadie que se haya visto afectado por las supuestas maniobras. “Es un caso de estafa raro porque no hubo perjuicios para nadie. Ni para el Banco Municipal ni para la Caja de Seguridad Social de Abogados, y tampoco ningún particular se vio afectado. A mí me querellaron el resto de los imputados en el caso. Todos dijeron que era el organizador, pero se sabe que los coimputados no pueden ser tomados en cuenta porque lo único que quieren es mejorar su situación procesal”, resaltó.
Reprocha que en el juicio no se atendieron los planteos que hizo en su defensa y que por ejemplo “no se puso el acento en quien proveía los informes de las cuentas del Banco a los abogados para que hicieran los juicios”. Tampoco influyeron en nada las cinco veces que pidió y le tomaron declaración indagatoria ni los testigos que ofreció.
Recuerda que en un allanamiento en su oficina, le incautaron una carpeta con un listado de juicios en los que intervenía como martillero, pero advierte que “es raro que no se tomaron con el mismo rigor los expedientes de cuentas inmovilizadas ni los falsos expedientes elaborados por los dos abogados”.
También se queja de que no se hicieron como se debía las pericias informáticas de su computadora. “Estuvo estuvo mal hecha, porque se abrieron sin la presencia de las dos partes, y eso lo reconocieron el perito de la policía y un profesional de la Facultad de Ingeniería”.
A la hora de señalar aspectos que no quedaron demasiado claros del caso, Kovalevski señala que es imposible que su rol fuera el que le endilgaron porque “no tenía ni el poder ni la injerencia para ser el organizador de estas maniobras. Dependo de un juez, hago lo que me ordena el Tribunal, no tengo facultades en el expediente”, aclara.
Advierte que sin embargo sobre él recayó la mayor condena, a pesar de que fue el único que confió en el sistema judicial y ahora sigue esperando una justa resolución. “Hay algo muy elemental para pensar: si yo no estaba, se podían haber hecho igual las maniobras, no pasaría lo mismo sin alguno de los otros involucrados, que eran indispensables”.
Es por eso que lo sorprendió que “el empleado del Banco Municipal Tomás Martínez Echenique, el infiel informante respecto de cuáles eran las cuentas judiciales inmovilizadas, después de haberse descubierto esta maniobra, siguió trabajando once años más en el mismo Banco, recibió después una cuantiosa indemnización, y hoy se encuentra cumpliendo una condena condicional en libertad que se parece a muchas otras cosas menos a un castigo, incluso el propio banco, al que engañó, pareciera haberlo protegido”, deslizó.
Sobre su actividad destaca que “trabajé para los principales bancos, empresas y profesionales, y en todos los juzgados civiles y comerciales jamás tuve una mancha, ni un apercibimiento, ni del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros. Fui un martillero muy respetado, pero después de esto la gente me empezó a verme de otra manera”.
“El impacto emocional en mi familia fue y es enorme: falleció mi madre, a la que asistía diariamente; mi esposa, mis hijos y nietos también sufren esta injusta situación: hasta voy al médico con un policía al lado. Necesito trabajar, pero estoy cuestionado a pesar de no tener inhabilitación alguna. Ni un asesino tiene tanta condena. Por eso pido la excarcelación, tengo presentadas más fianzas que Vicentin, y está claro que no pienso fugarme y que seguiré dando la cara”.
