El nombre de un oficial superior retirado de la Policía santafesina fue pronunciado reiteradamente en las dos jornadas iniciales del juicio oral y público contra Esteban Alvarado. Se trata de Néstor “Chucho” Arismendi, llegó hace una década a ser jefe de policía de Rosario cargo del que debió retirarse, pese a permanecer allí cuatro meses, porque ocupaba esa función al mismo tiempo que era investigado por enriquecimiento ilícito.
Arismendi estuvo en boca de dos de los primeros testigos que hablaron en el juicio, los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala, quienes tienen vínculos admitidos e inequívocos con individuos de la criminalidad organizada. Ambos están enemistados con Esteban Alvarado a quien desde el lunes es juzgado como jefe de asociación ilícita, instigar el secuestro y posterior asesinato de Lucio Maldonado y cinco cargos de lavado de dinero.
Rodrigo Ortigala es un ex colaborador de Alvarado que quedó en la vereda de enfrente por un asunto espinoso: trabó una relación sentimental con la mujer de su ex jefe y luego éste se apoderó mediante coerción de su vivienda como represalia. Al declarar el martes Ortigala contó que cuando se enteró de la relación con su mujer Alvarado pasó por su casa en una EcoSport y la pedió que se subiera para acompañarlo a un lugar. Refirió que en determinado momento en la ruta 9 a la altura de Roldán sacó una pistola para matarlo por lo que se trabaron en lucha y consiguió sacarle el arma. Sostuvo que pensó en que debía matarlo pero se frenó al imaginar que si lo hacía se le vendría encima “toda la gente de Luis Medina” de quien Esteban era socio.
Alvarado se marchó y él quedó descalzo y con un corte sangrante en la cabeza producto de la disputa por el arma. Sostuvo que un amigo de su hermana lo encontró y fueron a una comisaría donde dio una versión de que lo habían querido robar. Sostuvo entonces Ortigala que su suegro era amigo de Chucho Arismendi que era quien “arreglaba con Alvarado”
El testigo relató que “esa tarde Chucho llamó a la comisaría, enterado de todo. Yo (a Alvarado) no lo nombré, estaba muy asustado, dije que era un robo. Cuando llamó Chucho seguro se dieron cuenta cómo venía el tema. Ahí me dicen ya está, te vas a tu casa. El arma se la devolvieron a Esteban, era una Glock 40 que él quería. Yo, cuando llegó la policía a la casa de mi hermana, se la di a la policía”.
Cuando asumió como gobernador Antonio Bonfatti con Leandro Corti como ministro de Seguridad como primer jefe de la Unidad Regional II fue designado Néstor Arismendi. La misma tarde del día que asumió, el 12 de diciembre de 2011, se produjo una novedad de impacto al trascender que el oficial nombrado para conducir la mayor regional provincial tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito. Estuvo en el puesto hasta el 4 de abril de 2012. La denuncia que motivó la investigación fue de carácter anónimo, era del año 2008 y señalaba por ese delito a otros 17 empleados de la mayor fuerza de la provincia.
Casi un año después de su relevo el entonces juez de Instrucción Luis María Caterina lo llamó a indagatoria luego de estimar suficientemente fundada la sospecha de que Arismendi había adquirido propiedades en forma indebida, que delegó a nombre de testaferros para evitar una persecución por enriquecimiento ilícito. Este ex comisario siempre proclamó su inocencia, dijo que nunca tuvo propiedades en forma sucesiva sino que compró y vendió en distintos momentos y que probaría tal cosa.
Los detalles del caso fueron publicados en una nota de este diario el 6 de noviembre de 2013. La pesquisa contra Arismendi la había iniciado la Dirección de Asuntos Internos de la policía con el trámite asignado a quien hoy es el fiscal de Investigación Fernando Dalmau. Le adjudicaron a Arismendi ir adquiriendo propiedades a las que ponía a nombre de terceras personas para evitar problemas legales.
La mayor sorpresa fue que uno de estos prestanombres era un hijo de Leonardo Popea, un hombre residente en Funes que terminó condenado a 8 años de prisión en 2017 por manejar una cocina y un laboratorio de cocaína que alimentaba a quioscos de Rosario, Granadero Baigorria, Correa, Coronda y Cañada de Gómez.
Una de las principales compras disimuladas es un complejo de cuatro viviendas en Maipú al 900 de Rosario. Dos de ellas según la pesquisa de Asuntos Internos aparecieron escrituradas en favor del hijo de Popea y las otras dos a nombre de su suegra. Estas viviendas fueron vendidas por una mujer que ofreció en sede judicial un testimonio considerado muy valioso. Ella señaló a Arismendi como el comprador de las cuatro casas pero dijo que al momento de la escrituración, en la escribanía, el ex jefe de la Unidad Regional II rompió el boleto de compraventa que había firmado con ella.
También apareció en la causa un inmueble de cuatro hectáreas entre Zavalla y Pérez. La casa en ese terreno era inicialmente precaria pero con el tiempo fue convertida en una vivienda magnífica, con pileta. Quien aparece en el Registro de la Propiedad como dueño es un cuñado del jefe policial. En la investigación constan referencias de testimonios de vecinos, en un lugar conocido como Camino del Retiro, que señalaron que tenían como dueño de la casa a Arismendi y que no conocían a su cuñado.
La causa por enriquecimiento ilícito pasó del viejo al nuevo sistema penal en 2014 pero en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no supieron precisar el destino que tuvo aunque sí que la última fiscal a cargo del legajo de Arismendi fue Paola Aguirre. Varias de las causas contra oficiales jerárquicos iniciadas en la misma época terminaron prescriptas.
Mariana Ortigala mencionó este miércoles en el juicio que en una reunión de febrero de 2012 en la que estaba presente “Chucho Arismendi”. Sostuvo que en esa ocasión Alvarado le dijo que trabajaba con un montón de policías, que había pensado en matarla porque supuso que ella había hecho la conexión para que su esposa saliera con su hermano Rodrigo aunque después se enteró que no. Y que le pidió que le dijera a su hermano que le firmara a su favor el boleto de su casa. “Decile qué va a pasar si no”.
Respecto de la protección de policías provinciales a Alvarado por aquella época eso aparece acreditado en dos causas judiciales. Una por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari quien en 2012 le entregó al entonces fiscal NN Marcelo Vienna una caja de CD’s donde quedaba al desnudo dos asuntos: que los principales negocios de Alvarado se vinculaban con drogas y la cobertura que recibía de parte de la policía de la provincia por lo que para detenerlo pidió la actuación de Gendarmería Nacional.
La otra pesquisa que reveló lo mismo la hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria que la entregó a la Justicia Federal de Rosario en 2012. Eran 14 informes que revelaban las conexiones de Alvarado con el negocio de las drogas. Y también la relación de policías provinciales con él como Luis Quevertoque (que fue jefe de la Brigada Operativa de Judiciales que investigó a Los Monos) y Cristian Di Franco. Ambos terminaron condenados casi diez años después por pertenecer a la asociación ilícita de Alvarado.
