A días de que un tribunal oral condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por causarle un perjuicio al Estado al permitirles un lucro indebido a Cristóbal López y Fabián de Sousa, la Justicia reactivó otra investigación que podría complicar a esos empresarios.
Según publica el diario La Nación, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si López y De Sousa cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza – Cañuelas, con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.
Casanello adoptó esas medidas a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.
Para Casanello, sin embargo, “la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto”, según explicó en una resolución que firmó poco antes de comenzar la feria judicial de verano, y recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas “para averiguar la verdad”.
Para López y De Sousa, la decisión judicial significó un traspié en sus planes. Confiaban en ser sobreseídos tras el dictamen de Delgado. Pero Casanello le ordenó a Vialidad Nacional –y en particular a su Unidad de Ética y Transparencia- que le envíe “urgente” todas sus actuaciones vinculadas desde 2009 a Aecsa, de Autopistas del Sol –en la que tenían participación accionaria los Macri- y de las firmas Sycic SA, Iecsa y Consular Consultores Argentinos Asociados SA.
Cada una de esas sociedades y empresas arrastran ya serios problemas en la Justicia, con investigaciones avanzadas por presuntos casos de corrupción o delitos económicos, incluso en el Juzgado a cargo de Casanello.
Así, por ejemplo, Iecsa quedó bajo la lupa en la llamada “causa Vialidad” y en el capítulo argentino del Lava Jato por los sobornos que ejecutivos de Odebrecht le adjudicaron a sus entonces máximos responsables, Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero. También, porque empleó a Laura Andino, esposa de Gentili.
Ambos, Gentili y Andino, se encuentran con procesamientos dispuestos por Casanello y confirmados por la Cámara Federal por las presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que desarrollaron durante el kirchnerismo y por lavado del dinero que durante años recaudó la pareja a través de Consular entre las concesionarias que debía controlar.
La investigación sobre Aecsa, en particular, comenzó en septiembre de 2017, cuando el entonces titular de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, denunció que la empresa a cargo de la concesión de la autopista Ricchieri – Ezeiza se habría apropiado de los Recursos de Asignación Específica (RAE), por cientos de millones de pesos, para destinarlo hacia otras empresas del Grupo Indalo.
De verificarse esa operatoria, mostraría una notable semejanza con las prácticas empresariales que López y De Sousa desarrollaron en la petrolera Oil Combustibles y que fue centro del debate durante el juicio oral con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, y que llevó a Echegaray a recibir su primera condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.
Apoyado en un peritaje contable, el fiscal Delgado dejó clara su posición en relación a la denuncia contra Aecsa, en línea con las defensas. “No habría existido una apropiación indebida de los recursos retenidos para hacerlos formar parte de su patrimonio en forma irreversible, sino la contracción de deuda así asentada en los estados contables”, sostuvo.
