Este lunes la Provincia reanudó sus charlas de paritarias con trabajadores públicos (UPCN y ATE) y los docentes (Amsafé y Sadop), en lo que fue una primera charla para ver “la foto de la inflación”. Sin propuestas claras en la mesa y lejos de un consenso, el encuentro pasó a un cuarto intermedio para los primeros días de mayo.
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Para el ministro de Economía, Pablo Olivares, el 70% de los empleados estatales consiguió igualar o superar el 9,5% de inflación acumulada entre enero y marzo en la provincia, y el 30% restante -la parte superior de la escala salarial pública- posee ítems de aumento que mejorar su situación frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En cambio, los sindicatos del sector reclaman la diferencia entre el 5% de aumento otorgado en febrero y la inflación acumulada. Además, consideraron que la paritaria es un instrumento de “ajuste salarial”.
“A lo largo de este primer trimestre, un 70% aproximadamente del personal representado por el escalafón tuvo un incremento que no fue superado por la inflación”, agregó el funcionario.

Asimismo, el ministro de Economía aclaró que “esto no quiere decir que el gobierno niegue ningún tipo de de posibilidades para componer una política salarial que contemple distintos aspectos. Simplemente la reunión de hoy fue descriptiva para ver cuál es la foto a la luz de la inflación, no solamente acumulada durante este año, sino la inflación acumulada desde diciembre del 2024”, explicó.
El planteo oficial es que los pisos garantizados aumento salarial de $50.000 en enero y $70.000 en febrero-marzo, llevaron el salario real de los trabajadores públicos a niveles similares o, en algunos casos, superiores a la inflación acumulada. Por ejemplo, en un sueldo de $700.000, el piso de $70.000 significa un 10% de incremento.

“Creemos que un aumento mínimo garantizado fue el que permitió que 70 % del personal haya tenido un incremento igual o mayor que la inflación, por eso siempre los instrumentos están al servicio de los fines”, explicó Olivares.
Por su parte, el secretario general de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, dijo a la prensa tras salir de la reunión de este lunes que “el número del desfase es público y notorio. Ustedes saben que hay un una inflación según el IPEC del 9,5 y en la política salarial general en la provincia el aumento fue de un 5%”. “Tenemos que considerar que la política de mínimos garantizados a muchos compañeros le permitió estar por sobre ese 9,5, pero también reclamamos porque tenemos una base salarial muy baja que necesitamos atender”, continuó.
Por otro lado, el titular de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, fue más duro con su mirada hacia la Casa Gris: “En paritaria se ratificó de que al gobierno de la provincia no le interesa el salario docente. Quedó clarísimo que nuevamente empiezan a dilatar la discusión y una propuesta que hoy tenía que ser la de comunicar una fecha de pago del 4,5% que hemos perdido en el mes de marzo”.

“Nosotros planteamos claramente que no había motivo para que en el día de hoy no se comunique la fecha de este 4,5%, que a su vez la tenían que pagar de manera simultánea a los compañeros y a las compañeras jubiladas”, señaló. Luego, planteó que “es necesaria una recomposición salarial, que debe incorporar el 23% que hemos perdido con la política salarial del 2024, que debe incluir la deuda que tenemos de la paritaria 2023 que es el 23,4% exclusivamente del mes de enero”.
Y aseguró: el gobierno que “está llevando adelante es un ajuste en el salario, en las condiciones laborales y en las condiciones previsionales”.
Por último, Amsafé también planteó en la reunión paritaria que se deje sin efecto la reforma previsional que afecta con el denominado “aporte solidario” los haberes jubilatorios, y que la percepción de los aumentos de los activos no repercuta en los trabajadores pasivos recién a los 60 días. “Planteamos claramente que hay que derogar el presentismo, el cual está originando que haya compañeros con problemas oncológicos, con enfermedades graves que tienen que ir a trabajar porque están perdiendo ese plus salarial de un salario que de 700.000 pesos, muy por debajo de la línea de la pobreza y más cerca de la línea de indigencia”, manifestaron desde el sector.