Por medio de una videoconferencia, el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, fue formalmente imputado este martes por la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su gestión en la provincia.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
Según la imputación, la organización funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
Para los fiscales, por debajo de la línea de mando de Sain estuvieron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadores. La cadena continuaba con Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública).
Dicha asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
La Fiscalía le imputó a Sain “asociación ilícita en carácter de jefe”; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
En el caso de Montenegro, fue acusado de asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba. Mientras que Moulins quedó implicada en asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
De la investigación surgen que la asociación ilícita cometió por lo menos 33 maniobras de espionaje ilegal en las que el grupo obtuvo, registró, sistematizó y analizó por sí mismo información obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas.
Dicha información fue volcada en múltiples “perfiles” que fueron creados por los exfuncionarios. Los mismos fueron creados en base a información obtenida mediante el chequeo de las bases de datos privadas y públicas.
En los “perfiles” se colocaban datos filiatorios de las personas espiadas como también composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera (créditos y deudas bancarias, tarjetas de crédito); información patrimonial (inmuebles, automóviles, telefonía celular); información impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas; de salud. También antecedentes policiales y judiciales, información catastral, infracciones de tránsito, automóviles a su nombre y quienes están autorizados a conducirlos.
De las maniobras ilegales, se descubre que la asociación ilícita se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre Maximiliano Pullaro y su entorno familiar y político, por el sólo hecho de su pertenencia político-partidaria. Lo mismo hicieron con el exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, al cual el 1 de octubre del 2020 ordenaron perfilarlo. De hecho, surge un documento, fechado el 8 de octubre del 2020 con la reseña: Historia Política de Pablo Cococcioni”.
En ese sentido, la imputación sostiene que el 17 de febrero del 2021, Nadia Schujman –por orden de Marcelo Sain– le pidió personalmente al Fiscal Federal, Federico Reynares Solari, que le brinde copia de los videos de las audiencias que tuvieron lugar en el marco de la causa que investigó al ex jefe de División Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Alejandro Druetta. En dichas audiencias, se ventiló que el expolicía mantuvo conversaciones con el senador Lisandro Enrico y el diputado Maximiliano Pullaro. Tal maniobra tenía por objetivo, según sostienen los fiscales, golpear a Pullaro políticamente.
