El Gobierno nacional se prepara para activar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso durante todo febrero, por lo que este lunes se definirá el listado de proyectos de ley a tratar en el próximo mes.
En el podio de urgencias aparece la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, salvo que aparezca un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.
El fallo ordenó que el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley.
A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
Además de leyes relacionadas con el Consejo de la Magistratura, la oposición presentará iniciativas sobre Bienes Personales, IVA, retenciones, y citaciones por la falta de reacción del canciller, Santiago Cafiero, en cuestiones sensibles de política exterior.
La agenda de proyectos para las sesiones extraordinarias incluye un combo industrial, pero hay dudas sobre cuestiones judiciales con la conformación del nuevo Congreso.
Una de ellas fue la reforma judicial que empujó el ala de Cristina en el Senado y otra es la modificación de la mayoría para elegir al procurador general, para pasar de los dos tercios actuales a una mayoría absoluta.
Por último, se conoció en los últimos días que tampoco se presentará el proyecto por la Ley de Humedales, que fue es reclamada por organizaciones ambientales de Rosario y la región.