El Gobierno de la Provincia licitó este lunes la adquisición y puesta en funcionamiento de 4.400 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación y con inteligencia artificial (IA), y 15 domos de largo alcance, con una inversión de más de 69 millones de dólares para convertir a Rosario en la ciudad más monitoreada de la Argentina.
Del acto participaron el secretario de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno, Ignacio Tabarez; del secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino; y de la secretaria de Administración Técnica y Financiera de la misma cartera, Georgina Orciani.
El objetivo de esta inversión es mejorar la seguridad ciudadana mediante nuevas infraestructuras tecnológicas y contar con IA para análisis de video y vigilancia proactiva, y así bajar significativamente el tiempo de resolución de delitos, aportando la evidencia a la investigación en el menor tiempo posible. El nuevo sistema permitirá integrar en una única plataforma las imágenes obtenidas por los diferentes mecanismos de vigilancia, tanto municipales como provinciales y de empresas privadas; y permitirá incorporar imágenes de videovigilancia del sector privado en lugares estratégicos. Cabe señalar que 4.400 cámaras se instalarán principalmente en Rosario, aunque también se emplazarán en San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez.
En la oportunidad, Tabarez destacó que este “proceso incorporará 4.400 cámaras nuevas, 15 domos de largo alcance y también durante el primer trimestre del año que viene vamos a poner en marcha unas 565 cámaras junto con la municipalidad de Rosario” que se suman “a las 1.200 cámaras que la provincia ya tenía a fines de 2023 y a las 600 cámaras que se implementaron en los primeros 6 meses de este año, llegando a un total de 1.800 cámaras que hoy tiene la provincia funcionando en Rosario, en Santa Fe y en San Lorenzo”.
En total, en Rosario habrá al final del proceso 6.780 cámaras instaladas.
Tabarez explicó que el proyecto contempla “la instalación de una red de fibra óptica en Rosario, San Lorenzo y VGG de casi 80 kilómetros” y que “las cámaras se van a distribuir en casi 2.000 puntos de monitoreo estratégicos en esas ciudades, triplicando la presencia de cámaras”. Para concluir, Tabarez subrayó que “Rosario será la ciudad más vigilada del país, aproximadamente con un total de 50 cámaras por km2. Además, sumaremos 20 especialistas para capacitar a las fuerzas de seguridad en el uso de esta nueva tecnología”.
Seriedad y compromiso
Por su parte, Santantino remarcó que “avanzar en la modernización de este tipo de herramientas es fundamental en el marco de un plan de seguridad que, si bien viene dando muy buenos resultados, sabemos que falta muchísimo”. Asimismo, recordó “la cantidad de veces que en la Provincia se intentó avanzar en ese sentido y hoy nos encontramos en un contexto totalmente diferente, no sólo porque el Gobierno de Santa Fe dispone de los recursos, sino porque hay seriedad y compromiso, hay capacidad técnica y hay planificación en materia de políticas públicas”.
Para cerrar, la subsecretaria de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones, Analía Wüst, dijo que para poder dar soporte a todo esto, el Gobierno está trabajando en “la ampliación de los centros de datos de la provincia, tanto en Rosario como en Santa Fe”. En este sentido, indicó que “también venimos poniendo al día toda la infraestructura que recibimos desde el 2023, que estaba fuera de mantenimiento; y trabajando en la ampliación del sistema de cobertura de comunicación de las fuerzas de seguridad, alcanzando una inversión de 19 millones de dólares, donde tenemos una cobertura del 100 % de las ciudades importantes como Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista, y alcanzando la cobertura del 80 % en el resto de la provincia”.
Las ofertas
En la oportunidad, se presentaron dos ofertas: una de Telecom Argentina S.A. y la otra de Nec Argentina S.A. Cabe destacar que sólo se abrieron los sobres con las propuestas técnicas, mientras que los sobres correspondientes a las ofertas económicas de las firmas oferentes quedan en poder del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública hasta que se constaten las condiciones técnicas solicitadas en los pliegos licitatorios y se lleve adelante la evaluación técnica.
