El sector de las telecomunicaciones en Argentina atraviesa un fuerte reacomodamiento tras la reciente adquisición de la filial local de Telefónica por parte de Telecom, perteneciente al Grupo Clarín. La transacción, valuada en aproximadamente 1.250 millones de dólares, incluye la incorporación de marcas como Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica a la cartera de la compañía, que ya opera con Personal y Flow en telefonía móvil, internet y televisión. Sin embargo, la compra generó una rápida reacción del Gobierno nacional, que advirtió sobre posibles implicancias monopólicas y la necesidad de una revisión regulatoria.
El Gobierno interviene: advertencias sobre competencia y regulación
Desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado señalando que la operación aún debe ser evaluada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). “En función de las versiones que circulan sobre la posible compra del Grupo Telefónica por parte de Telecom, se dará intervención a los organismos correspondientes para analizar si la transacción no configura una posición dominante en el mercado”, indicaron desde Casa Rosada.
El principal argumento del Gobierno radica en el impacto que esta adquisición podría tener en la competencia del sector. Según el comunicado oficial, la compra dejaría aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones bajo el control de un único conglomerado empresarial, lo que podría consolidar una estructura monopólica. “De confirmarse este escenario, el Estado tomará las medidas necesarias para preservar la competencia y evitar la concentración del mercado en pocas manos”, aseguraron fuentes oficiales.
Enacom refuerza el control sobre el sector
A los pocos minutos de la advertencia del Ejecutivo, el Enacom emitió su propio pronunciamiento, destacando la importancia de mantener los mecanismos de regulación sobre las adquisiciones en el sector de telecomunicaciones. “El marco normativo vigente establece un sistema de controles para garantizar el derecho de los usuarios a elegir entre diferentes prestadores, asegurar la libre competencia y mantener la accesibilidad de los servicios esenciales”, detalló el organismo regulador.
El posicionamiento del ente llama la atención en un contexto donde el Gobierno ha promovido una agenda de desregulación en distintos sectores. No obstante, en este caso, la administración de Javier Milei argumenta que se trata de un área estratégica para la economía y el desarrollo tecnológico del país, razón por la cual debe mantenerse bajo estricta supervisión.
Telecom defiende la adquisición y destaca los beneficios para el país
Por su parte, Telecom defendió la transacción asegurando que permitirá potenciar el desarrollo de la infraestructura digital en Argentina. La compañía destacó que la inversión facilitará la expansión de la red de fibra óptica y el despliegue de tecnología 5G, lo que mejorará la conectividad a nivel nacional. “Este avance colocará a Argentina en una posición de vanguardia en términos de calidad y acceso a los servicios de telecomunicaciones”, argumentó la empresa en un comunicado oficial.
A pesar de estas declaraciones, la controversia en torno a la operación sigue latente. Desde el Ejecutivo recalcaron que en otros países de Occidente se han implementado medidas para evitar la concentración excesiva en mercados clave. “La administración actual está comprometida con garantizar la libre competencia y evitar la formación de monopolios que puedan afectar a los consumidores y a la dinámica de precios en el sector”, aseguraron.
Un debate abierto sobre la regulación y el mercado
La adquisición de Telefónica por parte de Telecom pone sobre la mesa un debate más amplio sobre el equilibrio entre el crecimiento empresarial y la necesidad de regulaciones que eviten distorsiones en el mercado. Mientras el Gobierno insiste en su rol de regulador para evitar posiciones dominantes, desde el sector privado defienden la consolidación como una vía para mejorar los servicios y fomentar la inversión.
Con la intervención del Enacom y la CNDC en el análisis de la operación, queda por verse si la transacción se concreta sin restricciones o si el Gobierno impone condiciones para mitigar sus efectos sobre la competencia. Lo cierto es que la industria de las telecomunicaciones en Argentina atraviesa un proceso de transformación que impactará directamente en millones de usuarios en el país.
