En el marco de la audiencia realizada este martes en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, se dictó la conciliación obligatoria entre DOW Argentina y sus trabajadores, medida que estará vigente hasta el próximo 4 de noviembre. La resolución fue adoptada debido a la falta de acuerdo entre las partes, con el objetivo de evitar una escalada en el conflicto laboral y preservar la paz social. Según el documento oficial, “a los fines de prevenir el agravamiento del conflicto instalado entre las partes y asegurar un marco de negociación, se encuadra el conflicto en el marco de la Conciliación Obligatoria, dictándose la Resolución Nº 000215 de fecha 15/10/2024”. La conciliación se extenderá por un período de 15 días hábiles, hasta el 4 de noviembre a las 24 horas.
El conflicto laboral se originó luego del anuncio de DOW Argentina de cerrar su planta industrial ubicada en Puerto General San Martín, en el departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En esta planta, la compañía fabrica poliuretano, un insumo clave para diversas industrias en el país. Sin embargo, DOW ha comunicado su intención de comenzar a importar este material desde Brasil, lo que significaría el cese de la producción local y, en consecuencia, la pérdida de 120 puestos de trabajo directos, además de otros empleos indirectos.
La medida ha generado preocupación tanto en los trabajadores como en el ámbito sindical y empresarial de la región, ya que el cierre de la planta no solo afectaría a los empleados, sino también a la economía local, que depende en gran medida de la actividad industrial en la zona. Las negociaciones entre DOW y los gremios continúan bajo el marco de la conciliación obligatoria, con la esperanza de llegar a un acuerdo que permita evitar el cierre definitivo de la planta y la consecuente pérdida de empleos.
Este período de conciliación obligatoria ofrece un plazo de 15 días hábiles para que las partes puedan alcanzar un consenso, evitando que el conflicto se agrave. Durante este tiempo, tanto DOW Argentina como los representantes de los trabajadores deberán buscar alternativas que garanticen la continuidad de la producción local y, con ello, los puestos de trabajo que están en riesgo.
