Este jueves será decisivo para la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con la que busca reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Los senadores provinciales se reunirán en el recinto para debatir el proyecto, mientras que diversos gremios se oponen con medidas de fuerza, incluyendo un paro y una manifestación frente a la Legislatura.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo a fines de agosto, consta de 56 artículos repartidos en 49 páginas y ha generado una fuerte resistencia por parte de sectores gremiales y judiciales. Entre los principales puntos de la reforma se destacan la declaración de emergencia del sistema previsional santafesino —argumentando el déficit de la Caja y la falta de sostenibilidad del sistema— y la mención a la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene con la provincia de Santa Fe.
En cuanto a los cambios propuestos, se contempla la creación de aportes solidarios, el aumento de los porcentajes de aportes y la imposición de topes a los haberes jubilatorios, con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema previsional provincial.
Sin embargo, la oposición a la reforma no ha hecho más que aumentar. El gremio docente Amsafé convocó a un paro en toda la provincia para este jueves, y los empleados municipales, representados por Festram, también se sumaron a la medida de fuerza, aunque esta no afectará a la ciudad capital. Los docentes tienen previsto concentrarse a las 13 horas en la intersección de General López y 1° de Mayo para marchar hacia la Legislatura.
Además de Amsafé y Festram, otros sindicatos y agrupaciones han expresado su rechazo al proyecto, como la CTA, la CGT, los docentes privados, los profesionales de la salud y policías retirados. Estos sectores consideran que la reforma es un retroceso en los derechos de los trabajadores.
En un comunicado titulado “Ajuste, recorte y emergencia previsional como en los 90”, Amsafé denuncia que la reforma “lesiona gravemente los derechos de los docentes activos y jubilados”, equiparándola con medidas implementadas durante la década de 1990. El gremio destaca que la propuesta establece aportes solidarios que afectarán tanto a los trabajadores en actividad como a los jubilados, quienes verán reducidos sus ya escasos ingresos.
Para los docentes, este proyecto es un claro intento del Estado de descargar el costo del ajuste sobre los trabajadores, tanto activos como pasivos, mientras otros sectores de la sociedad mantienen sus privilegios. Además, acusan al gobierno provincial de ceder a las presiones del gobierno nacional y de grupos históricamente beneficiados por el sistema.
