El Tribunal Oral de Santa Fe localizó esta semana un centro clandestino de detención del terrorismo de estado a sólo cien metros de la Casa de Gobierno, en el casco fundacional de la ciudad. Un hallazgo histórico. Ya desde las denuncias ante la Conadep, en setiembre de 1984, se lo conocía como la ex Casa de UDA –porque los denunciantes vieron en las paredes afiches de la Unión de Docentes Argentinos-, pero una inspección judicial que se realizó el miércoles aportó la certeza que faltaba. “Este es el lugar”, les dijo una de las sobrevivientes, Ana Acosta, a los jueces José María Escobar Cello, Germán Sutter Schneider y Mario Gambacorta al reconocer una vivienda antigua, en San Martín 1309, donde ella y cinco compañeros estuvieron detenidos desaparecidos alrededor de diez días, a fines de 1976. Todos ya declararon en el juicio. Ana contó en la sala de audiencias que los habían llevado a esa casa como un paso previo. “A ustedes los van a matar”, les dijo uno de los represores. Y su compañera, Mónica Martínez, recordó lo mismo: “Ellos nos dijeron que nos iban a fusilar”. Después del reconocimiento, la fiscal general subrogante Jimena Caula dijo a Rosario/12 que el testimonio de Acosta fue tan preciso y contundente que “a todos nos quedó muy claro que ellos estuvieron ahí”.
La inspección del centro clandestino –la primera en 38 años- es una de las pruebas que solicitó el fiscal Martín Suárez Faisal en un juicio que acumuló varias investigaciones. Una de ellas es la persecución a un grupo de militantes y colaboradores del PRT oriundos de Reconquista que integraban Ana Acosta, Rafael Julio Niemes, Rubén Viola, ya fallecido, su esposa Mónica Martínez, Carlos Echegoy y Aníbal Sánchez.
Acosta, Niemes y Viola fueron secuestrados el 12 de octubre de 1976, Mónica el 19, Echegoy el 30 en Villa Soldatti y Sánchez el 3 de noviembre en Rafaela. Los seis fueron martirizados en el Servicio de Inteligencia de la Policía de Santa Fe (D2), en San Martín y Obispo Gelabert, donde en la planta alta vivía el jefe de Policía de la provincia, coronel Carlos Alberto Ramírez. Siguieron desaparecidos diez días más en la ex Casa de UDA, luego en la Comisaría Cuarta y recién los blanquean a principios de 1977, a las mujeres en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y a sus compañeros en la cárcel de Coronda.
Ana es docente jubilada. Ya conocía la ex sede de UDA antes de su secuestro por trámites en el gremio. Así que el miércoles, en la inspección judicial, identificó el centro clandestino hasta en los detalles. La puerta sobre calle San Martín, que hoy está clausurada y era la principal en la época. Los pisos antiguos. Dos habitaciones, una en la que ella y Mónica Martínez estuvieron desaparecidas y otra en la que estaban sus cuatro compañeros. “El sonido de la campana y el bullicio de los niños” en la escuela privada que está enfrente, al lado del Convento de San Francisco. Y la cocina, donde curaron el brazo herido de Mónica infectado por las torturas y la falta de atención médica.
El presidente del Tribunal Escobar Cello le exhibió a Ana un plano original de la casa –que el Ministerio Público agregó a la causa- y ella describió los lugares. “La inspección fue muy positiva”, dijo la fiscal Caula, quien reemplazó a Suárez Faisal en el acto, junto a su colega, el fiscal auxiliar Nicolás Sacco. Los dos participaron en la investigación de la causa como secretarios de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Santa Fe.
Acosta señaló los espacios “más allá de las modificaciones. Los pudo reconocer perfectamente: el ingreso por calle San Martín, el zaguán, los pisos, los techos que eran más altos”, explicó Caula.
“Los ruidos de la escuela San Francisco se escuchaban muy claros. En un momento hicimos silencio y ahí advertimos que era muy fácil escuchar los juegos de los niños”, comentó la fiscal. Los ruidos que Ana recordaba desde 1976. “La testigo estuvo muy segura. Hablaba como si los hechos hubieran ocurrido ayer. A todos nos quedó muy claro que ellos estuvieron ahí”, agregó.
La fiscal Caula valoró la localización del centro clandestino. “Lo encontramos. Es muy importante. Ahora esperamos que la sentencia lo reconozca como parte del circuito represivo de Santa Fe”, dijo. La Conadep ya lo había mencionado en 1985, pero faltaba precisar el lugar en un juicio por delitos de lesa humanidad. La característica del chupadero es su cercanía con el poder, está una cuadra de la Casa Gris y a una cuadra del Centro Cívico. No debe haber muchos en la Argentina ubicados tan cerca de la sede del gobierno, en una capital de provincia.
Aún falta encontrar “La Casita”, como llamaban a otro centro clandestino en la zona de Santo Tomé, cuya existencia fue reconocida por el Tribunal de Santa Fe en el primer juicio por delitos de lesa humanidad, en 2009, pero que aún no pudo ser localizada.
Hoy, en la ex Casa de UDA –con su puerta clausurada en San Martín 1309- y un anexo a la vuelta, por Entre Ríos 2610, funciona una dependencia de la Policía de Santa Fe: la División Asuntos Juveniles de la Unidad Regional Uno. Los jueces, fiscales y la testigo tuvieron que ingresar entonces por calle Entre Ríos, para llegar al ala antigua, donde Acosta reconoció que estuvo desaparecida.
En su testimonio en el juicio, Ana recordó el traslado desde el D2, en San Martín y Obispo Gelabert, hasta la casa que identificó el miércoles. “Estábamos con Mónica Martínez, juntas. Ella tenía una herida muy grande en el brazo, que se le había hinchado mucho” por la infección.
“En un momento, me bajo la venda y veo en una de las paredes de la casa un afiche roto, rajado, pero que puedo leer las siglas de UDA. Yo había estado en ese lugar, era docente y una vez fui a hacer un trámite o preguntar algo”. “Sí, este es el lugar”.
“¿Por qué nos traen acá? Eramos seis personas. ‘A ustedes los van a matar, pero ya dijimos que traigan gente de Rosario porque nosotros no lo vamos a hacer”, le contó uno de los represores que los vigilaba.
La amenaza de la ejecución la recordó también Mónica Martínez ante el Tribunal. “La casa estaba totalmente vacía. No tenía muebles. Ellos dijeron cuando nos sacaron que nos iban a fusilar. Nos dijeron eso, que nos iban a fusilar”.
Ana relató que les daba de comer vez al día, un guardia con ametralladora en mano. “Esa era la amenaza, que en cualquier momento nos sacaban de ahí para matarnos o nos mataban directamente ahí”. Hasta que a los diez días “llega un grupo grande” de represores que “parecían mayores” que los custodios de la casa y les dicen: “No los vamos a matar, ustedes son perejiles”. Esa misma noche los trasladan a la Comisaría Cuarta, donde Alba y Mónica estuvieron dos meses en calabozos pequeños y Viola, Echegoy, Sánchez y Julio Niemes en otras celdas.
Otra de las pruebas que permitió encontrar la casa es una solicitada que se publicó el domingo 14 de marzo de 1976, diez días antes del golpe, en la que UDA advirtió a los docentes santafesinos sobre “grupos pseudo gremiales mezclados con la subversión” que incitaban en forma telefónica “en nombre” del sindicato y les pedía que no se dejaran “engañar con paros cuyo único móvil es presionar para la liberación de dirigentes subversivos detenidos”. El aviso cerraba con la firma de los dirigentes de la época y la dirección del gremio: San Martín 1309.
Por Juan Carlos Tizziani en Rosario/12
