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Vecinos de Melincué en pie de guerra por la posible instalación de una cárcel

“No nos oponemos al traslado de la Alcaidía en sí, pero rechazamos el lugar propuesto y el impacto negativo que esto podría generar en las 11 hectáreas protegidas”, afirmaron.

La Asociación Civil “Amigos del Humedal Laguna Melincué” manifestó su rechazo a la propuesta gubernamental de trasladar la Alcaidía de la localidad de Melincué a un predio de 11 hectáreas reconocido como Sitio Ramsar. Esta decisión surge en el marco de la aprobación del presupuesto 2025 de la provincia de Santa Fe, que contempla fondos para construir un penal en esta región del sur santafesino.

“Creemos que la política debe aportar soluciones, no nuevos problemas”, declaró Juliana Cagrandi, miembro de la asociación. Por su parte, Alicia Fernández, presidenta de la entidad, enfatizó: “No nos oponemos al traslado de la Alcaidía en sí, pero rechazamos el lugar propuesto y el impacto negativo que esto podría generar en las 11 hectáreas protegidas”.

Con una población de 2.500 habitantes, Melincué basa su economía principalmente en el turismo, gracias a la atracción de su laguna y el casino inaugurado en 2007. Actualmente, la Alcaidía local alberga aproximadamente a 160 detenidos. Desde hace ocho años, se discute su traslado fuera del casco urbano. Sin embargo, la oposición a esta idea se ha intensificado debido al carácter ambientalmente sensible de la zona, que fue designada Sitio Ramsar el 24 de julio de 2008.

En este contexto, Cagrandi recordó argumentos expuestos en una audiencia pública celebrada en 2016: “Las autoridades justificaron la propuesta diciendo que Melincué es cabecera del Departamento General López, pero nosotros replicamos que cuando se decidieron obras importantes, como el hospital regional o el juzgado federal, éstas se ubicaron en Venado Tuerto, no aquí. Se prioriza el desarrollo de otras localidades más grandes y, a cambio, pretenden que asumamos un penal que alterará nuestra identidad”.

Fernández complementó esta visión al destacar el valor histórico y natural de Melincué: “Nuestra fortaleza está en el turismo, la tranquilidad y la naturaleza. La instalación de una cárcel pondría en riesgo este modelo”. Además, subrayó que la mayoría de los detenidos en la Alcaidía actual provienen de ciudades cercanas como Venado Tuerto, lo que implica traslados frecuentes y una desconexión con las necesidades reales de la comunidad local.

La Asociación también cuestionó la ubicación específica propuesta: un predio de 11 hectáreas a 1.500 metros de la última vivienda de un barrio de Melincué. “Construir un penal en una zona protegida y con pendientes hacia la laguna es una amenaza ambiental directa”, sostuvo Fernández. La preocupación también radica en que el proyecto inicial podría escalar en el futuro, convirtiendo la infraestructura en una cárcel de mayor capacidad.

El Departamento General López, hasta ahora, no cuenta con instalaciones penitenciarias. La senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien asumió tras la licencia del exsenador y actual ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, declaró que “la construcción de una unidad penitenciaria es una prioridad para el gobierno provincial”. Esta postura fue criticada por la asociación, que consideró que los “deseos” políticos deberían enfocarse en otras necesidades.

Por otro lado, el gobernador Maximiliano Pullaro intentó aclarar la situación: “Evaluamos diferentes opciones dentro del Departamento General López para la construcción de la nueva unidad penitenciaria. Paralelamente, trabajaremos en mejorar las condiciones de la Alcaidía actual”.

Para la asociación, la ubicación ideal del nuevo penal debería estar más cerca de Venado Tuerto, donde ya funcionan instituciones clave como el Centro de Justicia Penal y el hospital regional. En un comunicado, los miembros enfatizaron que el 88% de los imputados provienen de Venado Tuerto y Rufino, lo que justificaría plenamente esta alternativa.

“Hemos presentado propuestas concretas, como terrenos menores que incluso reducirían los costos para la provincia. Pero no hemos recibido respuestas ni convocatorias al diálogo. Esto demuestra que no tienen argumentos sólidos”, concluyó Cagrandi. La asociación espera que el gobierno reconsidere su postura y priorice soluciones que no comprometan el futuro de Melincué como un lugar de turismo y tranquilidad.

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