Vicegobernadores de varias provincias publicaron este fin de semana un duro comunicado en rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar subsidios al transporte de colectivos en el interior y suspender el giro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Bajo el título “En la sociedad se invierte, no se gasta”, los vicemandatarios explicaron las severas consecuencias que provocan las medidas económicas del Gobierno Nacional en sus provincias y denunciaron que se trata de una venganza tras el fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.
“Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, comienza el texto que se conoció este domingo.
A continuación, el documento señala que desde el gobierno central “se siguen promoviendo políticas e instrumentado medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos”, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años.
Los funcionarios que firmaron el documento son Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy).
“En cambio, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ´venganzas políticas´, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional ´venganza política´ en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”, agrega el texto.
Educación
El documento se refiere a la decisión del gobierno de suspender el giro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como “un ataque hacia las familias de nuestras provincias” que “amenaza seriamente la educación de sus hijos”.
En el texto se explica que durante enero el Fonid fue “prácticamente” el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a las provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación.
“De esa manera, cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional. Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación”, denuncia el texto.
“Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias. No puede de un momento para el otro desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, agrega.
También se señala que, de persistir esta situación, las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional .
Transporte público
Sobre el ajuste a los subsidios en el transporte público, el documento indicó que la medida tendrá un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo del país. “Los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado. Es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”, manifiesta el comunicado.
Acto seguido se explica que los subsidios son implementados para hacer más accesible al transporte público y que países como Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay, Estados Unidos, entre otros, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa.
“El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores. Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas. La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida. Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral”, agrega el texto.
Y agregaron: “En nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo. Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer: subsidiar al transporte público. Los especialistas concluyen en que el transporte de pasajeros no es rentable si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y renovación periódica”.
Por último, expresaron en el texto: “El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese “negocio”. Valga lo que valga. Por eso, como en todo el mundo se entiende, debe estar presente el Estado. Ante la decisión del presidente Milei de no devolverles a las provincias los recursos que éstas generan frenando transferencias o, como en este caso subsidios, la pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar? No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.
